La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha estimado que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros (+5,3%) a partir del 1 de enero supondría un impacto negativo sobre el empleo estimado para 2021 y 2022 de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo, cifra que incluye tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del incremento, según se desprende de un estudio de Randstad Research en colaboración con la patronal.
Asimismo, del estudio se desprende que más de la mitad de la destrucción de empleo (52%) podría concentrarse en los sectores de la hostelería y el comercio, que han sido los más dañados por la pandemia.
La patronal ha remarcado que un incremento de esta cuantía incidiría de manera «muy lesiva» en estos sectores, que, como consecuencia de la crisis, han destruido varios cientos de miles de empleos y «tienen en riesgo decenas de miles adicionales (tanto por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aún en vigor como fuera de ellos), con especial incidencia en las pymes».
Jóvenes y menos cualificados
También cree que las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los más jóvenes y en los trabajadores de menor cualificación.
«Esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes», remarca Cepyme, que estima que 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos que aún están en ERTE.
En el último año, los afiliados cayeron en 355.000, el 1,83% del empleo total, pasando de los 19,37 millones de afiliados a 30 de noviembre de 2019 a los 19,02 millones a 30 de noviembre de este año.
Además, un total de 747.000 personas seguían afectadas por ERTE a 30 de noviembre, 148.000 más respecto al mes anterior. También en noviembre se registró un total de 7,36 millones de demandantes de empleo, de los que 3,85 millones eran personas en paro.
Cepyme ha remarcado que el incremento del SMI es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y que deberán tenerse en cuenta factores como la evolución del IPC, «que esté año es negativa»; la productividad media nacional y la situación económica y del empleo.
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