El 32 % de los empleados españoles aceptaría un recorte salarial para conservar su puesto de trabajo

Los empleados de empresas a nivel global están teniendo problemas de cobro debido a la pandemia del coronavirus. Trabajar horas extras no remuneradas se ha convertido en una nueva “normalidad” y además ha aumentado su número medio pasando de 6 a 7 a la semana. Estas son sólo algunas de las conclusiones de “Workforce View 2020”, el nuevo informe de ADP® Research Institute de ADP, empresa líder a nivel mundial en el uso de la tecnología para la gestión del Capital Humano (HCM), en el que se ha entrevistado a más de 11.000 trabajadores en todo el mundo para conocer el impacto que ha tenido el virus en sus perspectivas sobre su situación laboral y sus expectativas para el futuro del lugar de trabajo. Así, el 32 % de los empleados de España aceptaría un recorte salarial para conservar su puesto de trabajo debido a la crisis sanitaria. Por otro lado, en mayo de 2020, los empleados de España trabajaron una media de 5,11 horas a la semana gratis, lo que supuso un incremento con respecto a las 4,6 horas a la semana registradas en enero de 2020. 

Según Raúl Sibaja, director general de ADP para el Sur de Europa, “la cultura de las largas jornadas laborales ha sido históricamente la tónica general, pero ahora debido al coronavirus los trabajadores están dando a los empleadores aún más mano de obra gratuita. Puede haber varias razones para dicho aumento: desde la preocupación de perder el empleo que provoca que el trabajador invierta más horas para mostrar su valía, hasta que sigan trabajando fuera de su horario habitual debido a la sobrecarga de trabajo en algunas empresas. Sea cual sea la causa, los empleadores deben analizar si esto se traduce en una mejora de la productividad, y deben vigilar de cerca los niveles de estrés y la satisfacción laboral de sus plantillas”. 

Alternativas para no perder el trabajo 

Si los empleadores buscan reducir costes para reforzar la viabilidad comercial y salvar tantos trabajos como sea posible mientras lidian con los desafíos económicos desencadenados por COVID-19, podrían exigir aún mayores sacrificios en el salario a algunos trabajadores. Si esto supusiera la conservación de los puestos de trabajo, casi dos de cada cinco encuestados (38%) aceptarían una reducción, siendo un 10% o menos el recorte que estarán dispuestos a asumir. 

La alternativa de aplazar el pago es menos atractiva; uno de cada tres (32%) lo considera una medida adecuada para salvar su empleo. Sin embargo, existe una resistencia significativa a tal acción, con un tercio (32%) que defiende que ni los recortes ni los aplazamientos salariales serían aceptables, incluso si con ello se consiguiera que no hubiera despidos. Por regiones, los trabajadores de Asia Pacífico (APAC) y América Latina consideran más aceptables las medidas de los recortes salariales o aplazamientos para salvar puestos de trabajo que los empleados en Europa y América del Norte. 

Sibaja continúa, “este tipo de decisiones requieren mano izquierda. Incluso si algunos trabajadores aceptaran hacer sacrificios como medida temporal o como último recurso, los empleadores deben estar preparados para un repliegue significativo en su negocio. Las medidas para reducir o retrasar el pago tendrían un impacto negativo en los trabajadores, por lo que los empleadores deben sopesar qué decisiones tomar y cómo justificarlas. Incluso se podría valorar mantener las medidas al mínimo absoluto necesario para garantizar el funcionamiento de la empresa mientras que se trabaja en la motivación de los empleados y se cuida la forma de comunicarlo para crear transparencia y mantener su confianza». 

En este contexto, ADP señala que si la implementación de tales medidas es inevitable, es fundamental que se pague a los trabajadores correctamente y a tiempo, y señala que la forma de abonar las nóminas también merece consideración. Según otro estudio llevado a cabo en enero de 2020 por ADP® Research Institute los pagos atrasados o imprecisos pueden causar graves dificultades financieras y tensión emocional para los trabajadores. Los encuestados señalaron que los pagos atrasados o los errores de pago les provocaban estrés ya que no podían hacer frente a las facturas pendientes, o se veían obligados a pedir dinero prestado a familiares y amigos.