La morosidad puede provocar a corto y medio plazo problemas de flujo de caja y pérdida de ingresos, lo que tiene consecuencias más amplias para la economía ya que impide que las empresas inviertan y crezcan. Este lento crecimiento y la incapacidad de contratar a nuevos empleados son impactos de la morosidad que inciden directamente sobre el PIB y el empleo nacionales.
En total, unos 6,5 millones de puestos de trabajo podrían haberse creado en Europa si hubiera habido menos retrasos en el pago de facturas a proveedores, alerta la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), atendiendo a los datos del último informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas elaborado por la Comisión Europea.
Cuando los problemas de flujo de caja se alargan en el tiempo pueden dificultar la liquidez de las empresas que intentan cumplir con sus obligaciones contractuales con los proveedores o el personal y, en casos extremos, puede derivar en despidos.
Si el flujo de caja se hace insostenible entonces se convierte en una amenaza para la supervivencia de la empresa y puede conducir a la quiebra. Así lo afirma casi una de cada cinco empresas del sur de Europa (concretamente España, Grecia, Croacia y Rumanía). En esta línea, la Comisión Europea señala que, por ejemplo, la eliminación de la morosidad crónica en Italia, Portugal y España reduciría entre 124.000 y 248.000 los cierres de empresas cada año.
Recomendaciones de la UE contra la morosidad
Como la cuestión del flujo de caja no es únicamente una causa de morosidad, sino que también es su resultado, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, insiste en poner en marcha las recomendaciones de la Comisión para obtener un flujo de caja más saludable.
Para la institución europea, esto se conseguiría a través de una correcta gestión de las facturas y del crédito, porque proporcionaría un mayor nivel de estabilidad a las empresas.
En esta línea, la Comisión Europea aconseja a las pymes formarse en gestión de créditos para conocer técnicas de control eficaces con las que acortar el período medio de cobro y mantener un flujo de caja óptimo, reduciendo así el riesgo de impago y aumentando el potencial de crecimiento.
Régimen sancionador, realidad en 2019 en España
Otra de las recomendaciones recurrentes en el informe de la Comisión Europea para reducir la morosidad en los países miembro es instaurar un régimen sancionador, que en España se pondrá en marcha este año y prevé multas de hasta más de 800.000 euros.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad; con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
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