El Gobierno estudia introducir medidas dirigidas a dotar flexibilidad laboral, mediante el reconocimiento expreso a la distribución regular o previsible de la jornada de trabajo, el establecimiento de un registro horario y la eliminación de las horas extra que encubren jornadas parciales abusivas.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha comparecido en la Comisión de Trabajo en el Senado, donde ha mostrado la intención del Gobierno de equilibrar la flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo desde la perspectiva de la empresa con el derecho de los trabajadores a conciliar.
En octubre del año pasado el Congreso aprobó por mayoría una proposición de Ley de PSOE que instaba a modificar el Estatuto de los Trabajadores para crear un registro diario de la jornada laboral para frenar el abuso de las horas extra no pagadas -y no cotizadas- y elevar esta infracción a la calificación de grave.
Esta proposición de Ley, presentada durante el Gobierno del PP, ha permanecido paralizada en su trámite de enmiendas desde hace casi un año, por lo que el Gobierno socialista quiere ahora revitalizarla.
El Ministerio trata con estas iniciativas de trasladar la recuperación económica a un empleo de calidad, para lo que también actuará en la flexibilidad interna de las empresas, impidiendo la modificación abusiva e injustificada de las condiciones de trabajo de forma unilateral por el empleador.
«Se trata de definir las causas de esta modificación para que sea más garantista también para los trabajadores», ha dicho la ministra.
En materia salarial, Valerio ha dicho que trabaja en medidas para aumentar la transparencia salarial y para evitar la brecha salarial de genero o la establecida entre temporales e indefinidos.
Ha recordado que, según la encuesta anual de coste laboral, el incremento en sueldos entre 2008 y 2017 ha sido del 5,40 % mientras IPC ha subido el 11,58 %, lo que lleva una pérdida de más de seis puntos de poder adquisitivo; al tiempo que en 2017 las rentas empresariales crecieron el 11,2 % frente a las salariales que han aumentado 3,8 %, según la Agencia Tributaria.
El Gobierno quiere recuperar el papel de la negociación colectiva como elemento vertebrador de las relaciones laborales, ha dicho la ministra, que está debatiendo con patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social «un sistema de causalidad para el descuelgue empresarial, restaurar la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales frente a los de empresa y limitar la ultraactividad».
El Gobierno también trabaja en la elevada temporalidad, que se sitúa en el 26,8 % y es la más elevada de la UE, mediante la limitación del número de contratos temporales, así como en la defensa de la igualdad de género en el acceso al empleo, en las condiciones de trabajo y en la protección social.
Otro de los ejes de actuación del Ministerio se centra en las políticas activa de empleo para colectivos como los parados de larga duración o los jóvenes.
En concreto, ha recordado que está elaborando un plan de choque de empleo joven, con una nueva regulación en la contratación para una mayor inserción, la mejora de empleabilidad con programas de inserción y orientación, acompañamiento con itinerarios personalizados y mejorar los criterios del sistema de garantía juvenil.
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