Una economía marcada por la competencia, la falta de oportunidades que lleva a miles de personas a emigrar a Europa y la ausencia de sistemas efectivos de control provocan la expansión de formas severas de explotación laboral entre inmigrantes en la Unión Europea, señala un informe de la UE.
Así lo explica el estudio en el que la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea denuncia tanto la existencia de prácticas abusivas en muchos sectores económicos como la ineficacia de los actuales sistemas de inspección laboral.
«Hay trabajadores que son gravemente explotados laboralmente a lo largo de la UE, y las inspecciones no son efectivas para detener esa situación», advierte la FRA en el informe «Protegiendo a los trabajadores migrantes de la explotación: promoviendo las inspecciones en los lugares de trabajo».
«La explotación laboral severa es como un virus. Afecta a ciertos sectores de la economía y se extiende rápidamente debido a la competencia», explica a Efe Albin Dearing, director del programa de Derecho Penal de la FRA.
«Si hay alguien que no paga sueldos apropiados, y otro que paga sueldos legales, el segundo tiene un problema», agrega.
Dearing, uno de los autores del estudio, explica que el abuso está muy extendido en ciertos sectores, como la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico, en los que un bajo nivel educativo o no hablar el idioma del país no suponen un impedimento.
El informe de la FRA se ha elaborado con los testimonios de 237 trabajadores inmigrantes, tanto de terceros países como comunitarios que viven en otros Estados de la UE, sobre la explotación que sufrieron entre 2013 y 2017 en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal y el Reino Unido.
Aunque el estudio es más cualitativo que cuantitativo, la FRA asegura que las evidencias sugieren que estos testimonios «son sólo la punta del iceberg cuando se trata de la realidad y el alcance de la explotación laboral severa en la UE hoy día».
Los expertos de la FRA concluyen que las formas de explotación (como salarios bajos o inexistentes, jornadas laborales muy largas o violaciones de las normas de seguridad e higiene) afectan por igual a los migrantes de terceros países y a los comunitarios.
«El principal impulsor es la necesidad económica. La falta de oportunidades es lo que les motiva a venir a la UE y, a menudo, están dispuestos a aceptar condiciones muy malas, porque incluso eso es mejor que nada», resume Ludovica Banfi, otra de las responsables del informe.
Agrega que escapar de la explotación es muy difícil y que tras jornadas de hasta doce horas los trabajadores «no tienen tiempo ni para pensar, ni para reaccionar, están indefensos».
Banfi se refiere a las estrategias que usan los empresarios para mantener a esos trabajadores en esa situación, y que van desde amenazas de denunciar y deportar a quienes están en situación irregular, hasta violencia física y psicológica y engaños.
Otro factor esencial, y en el que se centra el estudio, se refiere al ineficaz y escaso control por parte de las autoridades.
Dearing indica que el concepto seguridad y salud laboral se ha aplicado tradicionalmente pensando más en el lugar de trabajo, especialmente en la industria, donde hay más riesgo de accidentes, que en los derechos de los trabajadores.
El experto cuenta que muchos inspectores afirman que esos derechos no son su prioridad y algunos, incluso, que su único interés es si el lugar de trabajo es seguro e higiénico.
Por ello, afirma que hay que cambiar la lógica y que las inspecciones se orienten también a áreas en las que lo que está en riesgo son los derechos de los trabajadores.
En sus conclusiones, la FRA insiste en que la solución no son sólo más inspecciones, sino más efectivas, con contacto con los trabajadores sin que los jefes estén delante y buscando maneras de superar las barreras del lenguaje.
Aunque Dearing asegura que ha habido avances, reconoce que «no hay ningún país que haga todo lo que sería necesario».
El informe explica que más de la mitad de los entrevistados nunca ha visto, o aun tenido noticia, de inspecciones en su trabajo.
Los empresarios han desarrollado estrategias para salir bien parados de las inspecciones, como esconder a los trabajadores, presentar contratos falsos u obligar a los empleados a mentir.
Entre muchos trabajadores explotados se extiende la idea de que serían ellos mismos los más perjudicados ante una inspección, ante el riesgo de perder el puesto o incluso ser expulsados del país, y muchos se refieren a una falta de confianza hacia los inspectores.
Así, la FRA explica que no puede esperarse que sean las víctimas de la explotación quienes denuncien los abusos.
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