Las grandes empresas en España soportan la mayor parte de la contratación de trabajadores y, sin embargo, el marco regulador de nuestro país resulta desincentivador para estas compañías. De hecho, el tejido de empresas con más de 50 empleados en plantilla se ha visto mermado desde el inicio de la crisis en un 12,7%.
La cifra resulta relevante toda vez que estas compañías cuentan en sus plantillas con el 55,71% de los asalariados de España y suponen el ariete de nuestro tejido productivo en términos de competitividad internacional. En este sentido, en el momento de mayor presencia de este tipo de compañías, el año 2007, el tejido contaba 31.920 empresas de más de 50 trabajadores, mientras que una vez pasadas las peores sacudidas de la crisis el parque se redujo hasta las 27.855 en 2017, lo que implica una caída de casi el 13%, que se recoge en el informe del Balance de las últimas reformas laborales publicado recientemente por la patronal CEOE. Todas ellas emplearon el pasado año a un total de 7.444.969 trabajadores siendo las de 50 a 249 empleados responsables del 17,14% de este volumen de contratos, mientras que las de 250 a 499 empleados asumieron un 6,27% y el grueso de los trabajadores se encontraban en las compañías de más de 499 trabajadores, el 32,29%.
En los albores de lo que pasaría a ser la recesión económica más importante de nuestra historia, España contaba en junio de 2007 con un total de 1.427.497 sociedades, mientras que en el último registro de 2017 el tejido empresarial se ha visto mermado un 7%, al contabilizar 1.326.161 compañías, según datos de CEOE.
Crecimiento empresarial
Una de las reivindicaciones de los empresarios españoles es que se implanten medidas legislativas que incentiven la ganancia de tamaño de las compañías. Más aún si se tiene en cuenta que en España la mayor parte del tejido corresponde a pequeñas empresas. Concretamente, las sociedades con menos de 50 empleados han aumentado ligeramente desde 2010, cuando sumaban el 97,7% del total al 98,1% del pasado ejercicio.
Una de las organizaciones más comprometidas con la demanda de que se culmine el impulso al tamaño empresaria es el Instituto de Empresa familiar, que en su informe La Dimensión Empresarial como factor de Competitividad identifica los principales escollos de las pequeñas y medianas compañías para ganar envergadura. Así, desde la organización se ponen sobre la mesa hasta 50 medidas que pasan desde un pacto de Estado por la educación hasta propuestas en el mercado de trabajo, pasando por la gestión interna. Algunas de las más significativas son reducir la diferencia entre salarios y productividad para impulsar el aumento de la productividad del propio trabajador, medidas para mejorar la conexión entre la demanda y oferta de empleo u orientadas a mejorar la adaptación de los convenios a la realidad empresarial y la lucha contra el fraude en el trabajo. Además se pide mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo y simplificar los procesos de contratación.
También desde las pequeñas empresas ven indispensable un proceso de simplificación y racionalización que permita reducir la complejidad administrativa. Y ya en el ámbito interno de la compañías se reclama al Gobierno una simplificación de los tributos y una revisión de la composición de la cuña fiscal y del actual nivel de cotizaciones sociales a cargo del empleador, además de seguir fortaleciendo el acceso a la financiación bancaria y a instrumentos de financiación no bancaria, como el crowdfunding.
La fiscalidad, un obstáculo
Una de las demandas de mayor calado a la hora de impulsar el crecimiento empresarial apunta a la fiscalidad. Más concretamente se refiere al umbral de facturación en los pagos del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA. Se apunta, además, el hecho de que muchos tributos se deben pagar antes de iniciar una actividad económica, como las licencias municipales, actos jurídicos documentados o tasas.
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