Sólo dos de cada cien contratos para la formación y el aprendizaje acaban convirtiéndose en indefinidos, según ha denunciado CC.OO., que afirma que, pese a estar «altamente bonificado», este contrato es de «escasa utilidad» para la educación y la inserción de los jóvenes.
En un informe titulado ‘El fraude de los contratos para la formación y el aprendizaje’, el sindicato señala que 65.000 jóvenes, la mitad de los que en 2014 suscribieron este tipo de contratos, recibieron formación como camareros, dependientes de comercio y limpiadores.
CC.OO. subraya que esta modalidad de contrato ha crecido en mayor medida entre los titulados superiores, pese a que estaba prevista para personas sin cualificación reconocida, y denuncia que el Gobierno, aunque no financia la formación de estos jóvenes en centros públicos, sí paga a los centros privados, por cursos a distancia y sin reconocimiento académico (214 euros por mes y alumno).
«El Gobierno destina ingentes cantidades de dinero a financiar la formación y las bonificaciones del contrato para la formación y el aprendizaje, que no sirve ni para formar ni para insertar laboralmente a los jóvenes. La generosa financiación de la formación, muy por encima de los precios de mercado, ha propiciado una nueva y lucrativa línea de negocio para centros privados», alerta el sindicato.
El secretario de Formación de CC.OO., Javier López, ha criticado al Ejecutivo por «predicar la austeridad, pero practicar el derroche más absoluto cuando se trata de maquillar las estadísticas del paro juvenil y beneficiar a los centros de formación de privados».
«No tiene sentido pagar 214 euros mensuales por enviar a los trabajadores unos manuales y unos test. La formación en alternancia tiene sentido cuando permite adquirir una cualificación profesional reconocida, no cuando se utiliza como coartada para contratar precariamente a los jóvenes», ha añadido.
Por todo ello, a CC.OO. «no le sorprende» que entre 2012 y 2014 el número de contratos para la formación haya crecido un 131%, mientras la contratación general lo hacía sólo un 16% y los contratos en prácticas, un 30%.
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