El 39,3% del salario de los trabajadores españoles se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social en 2017, frente al 35,9% de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según se desprende del informe ‘Taxing Wages 2018’ elaborado por el organismo internacional.
Durante el año 2017, la presión fiscal de una persona trabajadora en España, soltera y que gane el salario medio, se redujo en dos décimas, debido a una disminución de tres décimas del impuesto sobre la renta (IRPF), que se situó en el 11,3%. De esta forma, casi cuatro de cada diez euros que el trabajador ingresa van para Hacienda.
De su lado, las cotizaciones a la Seguridad Social abonadas por los trabajadores españoles se mantuvieron estables en el 4,9%, muy por debajo de la media de la OCDE, que se situó en el 8,2%. Asimismo, la empresa se hace cargo de otro 23% de la Seguridad Social del empleado. En este caso, muy por encima de la media, que fue del 14,2%.
De esta forma, España se coloca en el décimo quinto puesto de países con una mayor presión fiscal entre las 35 economías que conforman el ‘club de los países ricos’, en un ranking liderado por Bélgica, donde a los trabajadores se les retiene el 53,7% de su salario. Los belgas deben transferir a las administraciones públicas una suma mayor de su salario de la que ellos reciben en neto.
Por detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 49,7%, Italia (47,7%), Francia (47,6%), Austria (47,4%) y Hungría (46,2%). También por delante de España se sitúan República Checa (43,4%), Finlandia (42,9%), Letonia (42,9%), Eslovenia (42,9%), Suecia (42,9%), Eslovaquia (41,6%), Portugal (41,4%) y Grecia (40,8%).
Al otro lado de la balanza, entre los países con la presión fiscal más baja se sitúan Chile (7%), Nueva Zelanda (18,1%), México (20,4%), Suiza (21,8%), Israel (22,1%), Corea (22,6%), Irlanda (27,2%), Australia (28,6%) y Reino Unido (30,9%).
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