El Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente dos nuevas normas para impulsar el trabajo autónomo y la economía social, entre las que se contempla extender a los mayores de 30 años la posibilidad de compatibilizar la actividad como trabajador por cuenta propia con el cobro de la prestación por desempleo.
Así se lo han trasladado este jueves la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, a las organizaciones representativas de los autónomos en una reunión en sede ministerial.
Una de las estas dos normas es una Ley de actualización de la normativa en materia de autoempleo y de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, con la que se pretende ordenar y sistematizar todos los incentivos existentes en este ámbito.
Si bien, también se introducen en este texto nuevos impulsos al autoempleo, como la extensión a todos los grupos de edad, más allá del límite actual de los 30 años, la posibilidad de compatibilizar el cobro del desempleo y el inicio de la actividad como autónomo durante un máximo de 9 meses.
Asimismo, se abre a todos los autónomos, con independencia de su edad, la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el 100% de la prestación por desempleo. Concretamente, se podrá optar por capitalizar todo el paro en un pago único, cobrar sólo una parte y utilizar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social o destinar el total de la prestación al abono de las cuotas sociales.
SE PODRÁ CONTRATAR Y COBRAR LA ‘TARIFA PLANA’
Empleo también prevé que los autónomos acogidos a la ‘tarifa plana’ de 50 euros puedan contratar sin perder los incentivos, al tiempo que se amplían los previstos para los familiares colaboradores y se refuerzan los mecanismos de protección de estos trabajadores, especialmente en el caso de los económicamente dependientes.
Esta norma también refuerza los mecanismos de segunda oportunidad utilizando como palanca la propia prestación por desempleo, al permitir la reanudación del cobro de la prestación hasta cinco años después de haber iniciado una actividad por cuenta propia.
Otras de las novedades es la extensión de los supuestos de la ‘tarifa plana’ a las víctimas del terrorismo y la violencia de género y se amplían los incentivos que contemplaba para las personas con discapacidad.
IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL
Por otro lado, el anteproyecto de Ley también incluye medidas para facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades de la Economía Social. Entre ellas se incluye la ampliación de las bonificaciones que existían para los jóvenes y la creación de una nueva para mayores de 30 años.
Asimismo, se reconoce a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción, a las cooperativas y a las sociedades laborales, como entidades prestadoras de servicios de interés económico general; al tiempo que se introduce la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público, algo que hasta ahora se limitaba a los centros especiales de empleo.
Por último, el texto incluye actuaciones para favorecer la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a la empresa ordinaria ampliando la bonificación existente en las cuotas empresariales por la contratación de dichos trabajadores.
Por otro lado, Báñez ha anunciado que el Gobierno ultima también una nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que sustituye a la anterior, de 1997.
La norma define lo que es una sociedad laboral y regula por primera vez la empresa participada, incluye medidas para facilitar su creación y otorga a los trabajadores un mayor protagonismo en la toma de decisiones.
SATISFACCIÓN ENTRE LOS AUTÓNOMOS
A la salida de la reunión, el presidente de la federación de trabajadores autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha manifestado que la reforma del estatuto del trabajo autónomo fomentará que en cinco años haya 500.000 nuevos autónomos en España, 100.000 de los cuales durante 2015.
Amor ha señalado que las nuevas medidas son «importantes», responden a las reivindicaciones de las organizaciones de autónomos y «van a incentivar el autoempleo y el emprendimiento», al tiempo que «facilitarán que se le dé seguridad jurídica y protección social a los autónomos» y permitirán «mejorar la situación en general» de estos trabajadores.
Por su parte, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, ha afirmado que esta reforma supone una «mejora y extensión de los sistemas de capitalización del seguro de desempleo».
En su opinión, esta capitalización «debe extenderse al pago único», es decir, «al pago de una sola vez de todas las cantidades para todos los colectivos».
Reyna también espera que esta reforma fomente «una mayor flexibilización de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente» y que todos los trabajadores que tienen dependencias de empresas «puedan beneficiarse de los derechos de protección que el estatuto contempla».
Por su parte, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha señalado en un comunicado que su secretaria general, María José Landaburu, ha trasladado a la ministra de Empleo que uno de los impuestos que más afectan a los autónomos es el IVA.
Asimismo, Landaburu ha hecho hincapié en la insuficiencia de las prestaciones sociales para el colectivo, reiterando que «no tienen una prestación universal y real por cese de actividad y, su pensión por jubilación es un 41% inferior a la de los trabajadores asalariados».
Landaburu ha trasladado también que, al margen de los estímulos fiscales que se puedan poner en marcha en favor de los autónomos, es preciso un «potente plan para consolidar las actividades, mejorar el acceso a la financiación y realizar una política de segunda oportunidad, mejorando al tiempo la protección de los autónomos mediante un sistema de tributación y cotización en base a los ingresos reales».
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