El Gobierno argentino prepara una reforma laboral que pretende hacer al país más competitivo y servir de catalizador para la llegada de inversiones, pero los cambios previstos han despertado las alarmas entre sectores del trabajo, que alertan de la precarización que podrían suponer.
El proyecto contempla la reducción de la indemnización por despido, la creación de un fondo con aportes regulares para hacer frente al pago de estas indemnizaciones.
Además, la supresión del principio de la irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador o el establecimiento de un «banco de horas» que permita compensar las horas extraordinarias en vez de añadirlas al salario.
Otros puntos son la eliminación de la responsabilidad para las empresas por otras compañías que subcontraten, la limitación del tiempo para iniciar juicios laborales o una amnistía de un año para la regularización de los contratos en negro.
Con esta reforma el Ejecutivo de Mauricio Macri tiene el doble objetivo de fomentar las inversiones y la aparición de nuevos puestos de trabajo, y rebajar la informalidad, que actualmente afecta en el país a más de 4,5 millones de trabajadores, un 34 % del total.
A preguntas de Efe, el economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Analytica, atribuyó -entre otros factores- a la «rigidez» de la normativa argentina el elevado número de contratos en negro, y defendió que la nueva ley busca «dejar margen para negociar entre las partes».
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, negó la mayor y sostuvo que la reforma «absolutamente regresiva» en cuanto a las condiciones de trabajo, que «busca únicamente beneficiar a los empresarios», no es el camino para mejorar las cifras de empleo, argumentando que esta política ya falló con el expresidente Carlos Menem (1989-1999).
«Es una reforma que intenta legitimar el condicionamiento de los trabajadores a renunciar a derechos o a aceptar modificaciones de su contrato, porque la única alternativa va a ser el despido», razonó Cremonte.
El abogado mostró su preocupación ante la combinación de reducir las indemnizaciones y pagarlas con un fondo común, por un lado, y la amnistía para la regularización de contratos irregulares por otro, ya que cree que todo ello se traducirá en el despido de trabajadores de más antigüedad, con mayor salario y «mayores derechos», para la contratación de trabajadores más jóvenes con menores salarios.
Pero más allá de la regulación laboral, el cambio «más importante» y el que más esperan los empresarios, según Ramiro Castiñeira, es la reducción prevista por el Gobierno de los aportes patronales del 17 % a cerca del 10 %, en un plazo de cinco años; frente al que Cremonte advirtió del «desfinanciamiento» de la Seguridad Social.
La OCDE, en su informe del año pasado «Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe», señaló a Argentina como el país de la región con la tributación más alta, de un 34,6 % del coste laboral total; lo que es visto por el Ejecutivo como un freno al desarrollo económico.
Y es que, en el fondo del asunto, Macri tiene la vista puesta en los países del entorno, y muy especialmente en Brasil, donde el mes pasado entró en vigor una reforma laboral que incluso la AAL reconoce como «más profunda» que la que se prepara en Argentina, y que podría desviar hacia la nación vecina buena parte de las inversiones en las que Argentina ha puesto sus esperanzas.
«Cada uno de los países de la región, a su ritmo, se amolda a lo que está sucediendo en el resto del mundo», resumió la situación Ramiro Castiñeira, que cree que en el actual mercado internacional globalizado, Argentina no puede mantener toda la protección hacia el trabajador que se implementó en los años del kirchnerismo.
El futuro de la reforma se decidirá en el Congreso argentino, donde el oficialismo, que no tiene mayoría, confía en sacar la ley adelante después de haber conseguido el respaldo de la Confederación General del Trabajo (el sindicato mayoritario) a cambio de suavizar su proyecto originario.
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