La inseguridad laboral en la OCDE, que ha remitido desde el pico que alcanzó en 2009, seguía siendo en 2015 un tercio superior a la de antes de la crisis, lo que explica que muchos ciudadanos consideren que la globalización no les beneficia y que sus gobiernos no se preocupan por ellos.
Esta es una de las principales conclusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe bienal sobre los indicadores del bienestar publicado hoy, en el que lanza una advertencia a los responsables políticos para que se esfuercen por recuperar la confianza de los ciudadanos.
Por una parte, los ingresos netos disponibles de los hogares aumentaron un 8 % en términos reales en 2015 respecto a 2005, y la remuneración por empleado a tiempo completo subió un 7 %.
El ritmo de esos incrementos fue, no obstante, la mitad del que se había constatado en los diez años precedentes.
Pero lo que verdaderamente se ha deteriorado en una década es la seguridad en el empleo, que tiene que ver con la cantidad de empleos disponibles, pero sobre todo con su calidad.
En los primeros años de la crisis, el paro creció mucho, hasta el punto de que se ha tardado diez años para llegar a recuperar los niveles de empleo de 2005.
La inseguridad en el empleo -medida en caída esperada de los ingresos por seguir en paro o por perder el empleo- se cuadruplicó entre 2007 y 2009 en el conjunto de la OCDE.
Y pese a los descensos de esa inseguridad constatados a partir de 2010, en 2015 seguía siendo un tercio superior a la que había en 2007, es decir, un año antes de que se hicieran sentir los efectos de esa crisis.
En paralelo, el porcentaje de parados de larga duración (superior a los 12 meses), que había disminuido del 2,1 % al 1,5 % entre 2005 y 2008, dio un salto hasta el 2,8 % en 2013.
A partir de entonces comenzó a reducirse, pero a ritmo lento y sin volver al mínimo de la etapa inmediatamente anterior a la crisis.
El porcentaje de ingresos familiares destinados a cubrir los gastos del hogar subió de forma muy significativa entre 2005 y 2015 en los países más golpeados: un 6 % en España, un 10 % en Italia y hasta un 27 % en Grecia.
La OCDE destaca que se ha agravado la brecha entre los ciudadanos y sus instituciones, de forma que sólo un 38 % de las personas consultadas confían en ellas, cuatro puntos menos que en 2006.
Ese distanciamiento es más pronunciado entre las personas que menos representadas están en la vida pública, que suelen ser los grupos sociales con menor formación y con menores ingresos.
Las desigualdades sociales son evidentes cuando se observa que apenas un 10 % de los hogares en la OCDE concentran más del 52 % de la riqueza. O que, a una edad de 25 años, la esperanza de vida de los hombres que dejaron sus estudios antes del segundo ciclo de la secundaria es ocho años menor a la de los titulados universitarios.
En términos generales, los autores del informe constatan que ha disminuido la satisfacción frente a la vida (de una nota de 6,7 sobre 10 en 2005 se ha pasado a 6,5 en 2015) y que el porcentaje de quienes se sienten respaldados por amigos y familia ha retrocedido en tres puntos porcentuales.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, cree que este estudio «aporta nuevas pruebas de que las secuelas de la crisis no han cicatrizado todavía» y avisa de que «muchos ciudadanos estiman que no les llegan los beneficios de la apertura y de la globalización y que sus gobiernos no responden a sus necesidades».
De ahí su llamamiento a los responsables políticos para que actúen con urgencia para restablecer «un diálogo más fructífero con todos los ciudadanos», mejorar su bienestar, recuperar su confianza, algo que pasa por un crecimiento y un desarrollo «verdaderamente incluyentes», que no dejen a nadie en la estacada.
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