El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, indicó que el absentismo laboral fraudulento en España tiene un coste de 10.000 millones de euros.
En una entrevista concedida a Servimedia, Garamendi concretó que de estos 10.000 millones, 6.000 millones los pagan las empresas (4.000 millones para el pago de las bajas laborales, y 2.000 millones por la gestión para cubrir los puestos).
El responsable de la patronal de las pymes españolas enmarcó este tema entre los que se deben abordar con los sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva.
«Nos gustaría hablar de eso» porque «es un fraude como el que trabaja en economía sumergida» y se debe evitar, según Garamendi. «Hay que hablar de muchos más temas que el salario», señaló.
Respecto a esta última cuestión, el presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE confió en que para 2018 haya acuerdo salarial, e incluso se mostró sorprendido de que este año haya fracasado la negociación.
Sin embargo, manifestó firmeza con la cláusula de revisión salarial que reclaman los sindicatos ante el repunte de la inflación por encima del 2% y que fue uno de los motivos por los que no salió adelante el pacto salarial de 2017.
«Es antiguo, no es nada serio» plantear la inclusión de la cláusula en el acuerdo, «tirar hacia atrás las cosas es imposible y además es algo que va en contra de las empresas», afirmó Garamendi.
Adsimismo, indicó que esta cláusula solo se aplica en el 15% de los convenios, y en otros se ha cambiado en la negociación colectiva por distintos elementos.
«Cuando alguien no quiere hablar o dice de antemano eso o nada», criticó en referencia a la actitud de los sindicatos, y defendió que «tenemos que pensar en una negociación colectiva moderna, en unas relaciones laborales modernas, participativas, y si queremos seguir trabajando con modelos del siglo XIX o XX yo creo que nos estaremos equivocando».
SALARIOS
El presidente de Cepyme también recordó la propuesta de subida salarial planteada para 2017 por parte de las organizaciones empresariales, que abacarba un mínimo del 1,2% y un máximo del 2,5%, para decir que al final del año «se va a demostrar que nosotros ofrecíamos algo que creo que era un planteamiento serio».
En cualquier caso, aclaró que «no es cierto» que el diálogo social haya quebrado a la vista del resultado de la negociación para 2017, puesto que «las cosas de comer están funcionando y la realidad es que se están firmando los convenios».
Por otra parte, aseguró que si las cotizaciones sociales bajaran, los salarios subirían. «La clave de la recuperación de salarios, la clave de la recuperación de empleo es la competitividad de las empresas».
Preguntado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que para los sindicatos debe situarse en los 1.000 euros, indicó que afecta a 300.000 personas pero «el problema es qué repercusión tiene que hagamos eso».
«Somos los primeros en querer que todo el mundo gane y a todo el mundo le vaya bien» pero «nuestra obligación es sentar un poco la cabeza» y determimar lo que se puede hacer «con el país que tenemos, con la economía que tenemos y con las empresas que tenemos», sentenció.
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