Fundación MAPFRE y CEPYME Aragón han celebrado este miércoles una jornada técnica con el objetivo de analizar la figura del trabajador autónomo, los riesgos que les afectan y cómo deben tratar y gestionar sus medios.
En dicho encuentro han intervenido el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita; el profesor del Instituto de Empresa, Fernando Amigo, e Isabel Eguillor Garayoa, representante territorial de Fundación MAPFRE en Aragón, que ha presentado la Guía para la protección del trabajador autónomo.
Aurelio López de Hita ha destacado que «el autónomo crea mucha riqueza pero también necesita mucho apoyo en el aspecto financiero, laboral y legislativo. Es la figura más desprotegida del mundo empresarial ya que su principal riesgo es su propia fragilidad».
Por su parte, Fernando Amigo ha ofrecido en su ponencia una panorámica del trabajo autónomo en Aragón y ha abordado los retos y oportunidades que tienen los autónomos.
Los autónomos en Aragón
En Aragón hay 106.437 personas que cotizan en el RETA, que representan que representan el 3,2% del total nacional, de los cuales el 60,2% son trabajadores autónomos personas físicas. El resto (42.391) son autónomos integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, colaboradores familiares o parte de algún colectivo especial de trabajadores.
El perfil mayoritario del autónomo aragonés se encuentra en el sector servicios, importante presencia en la agricultura, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón de 40-54 años (importante presencia mayores de 55), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización.
Según algunas encuestas recientes en Aragón y en el resto de España, el clima de negocio es percibido como positivo, aunque no se considera del todo satisfactorio.
Sin embargo, existen una serie de aspectos que preocupan a este colectivo como el acceso a instrumentos de financiación, subvenciones y ayudas, necesarias para la innovación y la apertura de nuevas líneas de negocio; la formación y profesionalización como elementos importantes para la mejora del rendimiento y la competitividad.
Además, les preocupa la morosidad, así como las trabas administrativas y legales, para asegurar la continuidad del negocio y la estabilidad en el empleo y la equidad en el tratamiento laboral de la actividad y las prestaciones sociales.
Por último, el proceso de digitalización de sus empresas motivado por el intenso ritmo de innovación tecnológica, que es quizá el reto más relevante y difícil de abordar.
Guía
La representante territorial de Fundación MAPFRE en Aragón, Isabel Eguillor Garayoa, ha destacado que la Guía para la protección del trabajo autónomo es una publicación que define los tipos de riesgo a los que se enfrenta un autónomo, así como las personas o elementos de su negocio que debe proteger.
En concreto, en relación a su naturaleza los riesgos se agrupan en dos grandes categorías: de negocio, que son las directamente relacionadas con las actividades empresariales y pueden dar lugar a pérdidas o beneficios; y accidentales, las que solo dan lugar a pérdidas y puede tratarse de un incendio, robo o accidente laboral.
En relación al daño que producen, el autónomo está expuesto a riesgos sobre las personas, que se refieren, fundamentalmente, a los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales; riesgos sobre el patrimonio, que afectan a los activos materiales e inmateriales que posee la empresa; riesgos sobre la responsabilidad, que son las obligaciones derivadas de reclamaciones por daños ocasionados a terceros perjudicados y los riesgos sobre los ingresos, que son aquellos que afectan a los resultados de gestión derivados de la posible paralización de la actividad empresarial.
La Guía aconseja que el trabajador por cuenta propia se proteja frente a todos estos riesgos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden poner en peligro la existencia de cualquier empresa.
El documento aporta tablas y casos prácticos como, por ejemplo, un test de nivel de protección frente al robo o una tabla que clarifica las pensiones medias que recibe el autónomo ante contingencias como jubilación, viudedad, incapacidad, entre otras.
La Guía incluye además una decena de recomendaciones para reducir los riesgos relacionados con la actividad de estos profesionales.
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