15 de noviembre de 2024
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La «injusta» actuación de la administración ha hecho a 400 autónomos perder su empleo

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha denunciado este martes que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está comprobando desde hace más de un año la situación de los autónomos dependientes (trade) del sector del márketing directo, obligando «por sistema» a las empresas a traspasar a estos trabajadores del régimen de cotización de autónomos al régimen general, lo que ha afectado ya a 400 autónomos.

Aunque UPTA reconoce que la figura del trade se usa a veces de forma «perversa», afirma que la Administración está tratando todos los casos por igual sin tener en cuenta el «perjuicio» que causan a quienes ejercen libremente una actividad por cuenta propia. «Los trade en esta actividad están siendo perseguidos por la Administración de manera totalmente indiscriminada», denunció UPTA.

Para el sindicato, la Inspección centra sus actuaciones sobre los 10.500 autónomos dependientes cuyos contratos están en regla y registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en lugar de examinar la situación irregular de los cerca de 300.000 autónomos que en la Encuesta de Población Activa (EPA) manifiestan tener un único cliente o un cliente casi en exclusiva.

Esta situación, añadió, ha provocado la desaparición de unas 20 empresas del sector del márketing directo, que no han podido asumir las multas impuestas por la Administración, en algunos casos de hasta 400.000 euros. A ello se añade el que no se hayan tenido en cuenta los Acuerdos de Interés Profesional (AIP) suscritos con empresas del sector, que protegen a los autónomos económicamente dependientes al regular las condiciones mínimas de la prestación de servicios.

«No tenemos otra salida, esta situación nos conduce a que nuestros servicios jurídicos preparen las demandas pertinentes, que se presentarán ante las instancias judiciales competentes de aquellas provincias donde están ubicadas las empresas que están sufriendo las inspecciones, la mayoría en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, aunque también afecta a las existentes en la Comunidad Valenciana y Castilla y León», reiteraron desde UPTA.

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