El secretario de políticas públicas y protección social de CC.OO., Carlos Bravo, ha advertido de que aumentar las pensiones solo un 0,25%, de acuerdo con el suelo mínimo del índice de revalorización, provocaría una pérdida de poder adquisitivo en los próximos diez años de entre el 15% y el 17% si la inflación oscila entre el 1,5% y el 2%.
Así lo ha señalado Bravo durante la presentación del cuaderno de información sindical ‘El sistema de protección social en España 2017’, donde también ha afirmado que las pensiones siguen siendo el «eje central del sistema de protección social» y donde ha recordado que, en general, estas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 2,15% entre 2007 y 2016.
No obstante, ha insistido en que el sistema público de pensiones ha sido el que mejor ha soportado la crisis, aunque ha alertado de que si no se revierten de manera «urgente» las reformas de 2013, pasará a estar en situación de «riesgo».
Para Bravo, es necesario modificar esta reforma para garantizar la suficiencia de las pensiones, al tiempo que ha advertido de que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones «no ha tenido efecto antes por la inflación negativa», pero se empezará a ver a partir de este año.
El conjunto de prestaciones económicas públicas cubren a casi 14 millones de personas. En esta línea, también ha destacado que ha habido un cambio de tendencia en el sistema y que en la actualidad la mayoría de las prestaciones han pasado de ser contributivas a asistenciales.
Según Bravo, la cohesión social es «una prioridad» y el crecimiento económico sin cohesión genera desigualdad. «Crecemos, pero se basa en un incremento de la desigualdad dentro y fuera del mercado de trabajo, por lo que hay que reforzar los sistemas de distribución de renta a través del sistema fiscal y de las políticas públicas», ha añadido.
PLANES DE PENSIONES PRIVADOS.
Por otro lado, ha destacado que los planes de pensiones privados «no tienen ni van a tener un efecto sustitutorio» de las pensiones públicas, porque su alcance es mínimo, ya que solo 1 de cada 10 españoles tiene un plan complementario de una cuantía que sea relevante. Sin embargo, ha apuntado que el desarrollo de la previsión social complementaria «está estancado» y va a seguir así mientras «la devaluación salarial continúe».
También ha destacado que cada año en España hay menos presupuesto para dar cobertura al desempleo. De hecho, ha insistido en que ha habido un deterioro de la calidad de la protección social. En la actualidad, 2 de cada 3 beneficiaros por prestaciones son temporales y la tasa de cobertura se sitúa en el 56,6%. Además, ha apuntado que el 43% de los desempleados (casi 2,5 millones de personas) no tienen ninguna prestación.
Según CC.OO., los parados sufren cinco veces más el riesgo de pobreza que un jubilado, dado que ahora hay menos desempleados que cobran prestación y además de menor cuantía porque casi dos tercios de las prestaciones por desempleo son ahora asistenciales cuando antes eran contributivas.
Bravo cree que se tiene que frenar el avance de la desigualdad en España y que hay que recuperar herramientas del sistema de pensiones que hoy están «paralizadas», como es el diálogo social y el Pacto de Toledo.
En esta línea, ha hecho un llamamiento al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que mejore la eficacia del diálogo social y apueste por la concreción de acuerdos. «Es verdad que las mesas existen y que incluso esta mañana hemos estado en una reunión de la mesa de plan de choque para el empleo», ha afirmado Bravo, que también ha destacado que es necesario que los procesos de negociación sean «reales» y tengan objetivos concretos.
En materia sanitaria, ha afirmado que España está viviendo un proceso de privatización del sistema nacional de salud «suave, pero continuado en el tiempo». Además, ha recriminado que el Ministerio de Sanidad haya dado por desaparecida la negociación con interlocutores sociales.
Según CC.OO., los objetivos y grandes retos son preservar el sistema público de pensiones, revertir la reforma de desempleo de 2012 para mejorar el empleo de los jóvenes y garantizar una renta mínima estatal para todas las personas que «quieren trabajar y no pueden hacerlo». «Con estas iniciativas seríamos capaces de que el sistema de protección social mejorase enormemente y se redujera el riesgo de pobreza», ha añadido.
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