El Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), organismo adscrito a Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, liderado por el doctor en Derecho, Ramón Tamames, ha alertado de que la remunicipalización de los servicios públicos puede afectar negativamente al desarrollo de las ciudades, al empleo y a las condiciones laborales de los sectores implicados.
Así lo han señalado los expertos de OSUR durante la presentación del libro ‘Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?’, que reúne reflexiones de diferentes personalidades del ámbito económico, jurídico y laboral que ponen de manifiesto cómo los procesos de municipalización pueden afectar de forma negativa al desarrollo de las ciudades.
Los expertos de OSUR han puesto de manifiesto que con la reciente disposición del Gobierno se busca la contención del déficit de las administraciones públicas evitando en este caso que las cuentas de los ayuntamientos puedan verse desbordadas por la asunción de nuevas nóminas.
Por ello, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, creen que los trabajadores subrogados de empresas remunicipalizadas empezarán a computar como tasa de reposición impidiendo la incorporación a la administración de trabajadores de servicios actualmente externalizados a empresas privadas. Así, creen que como a través de los Presupuestos se dificultarán «enormemente» los procesos de municipalización, se producirá un incremento de la conflictividad laboral.
A este respecto, el exministro de Trabajo, especialista en Economía del Trabajo, miembro de UGT y coautor del estudio, Valeriano Gómez, ha sentenciado que «en procesos de municipalización, la subrogación de los contratos no es siempre un trámite fácil».
«También puede haber dificultades a la hora de incorporar a estos trabajadores a la estructura como funcionarios o empleados públicos. Sin olvidar, además, que también está en juego la estabilidad inherente a la nueva relación laboral que se adquiere con la autoridad local», ha añadido.
Los expertos consideran que un retorno a la gestión pública de servicios como la limpieza o los transportes públicos puede provocar no solo pérdidas de puestos de trabajo, sino también un perjuicio en las condiciones laborales de los empleados en este sector.
LAS «VENTAJAS» DE LA GESTIÓN PRIVADA.
Durante la presentación, el economista y abogado Lorenzo Dávila cree también que «no podrán mantenerse ni las retribuciones ni los demás beneficios laborales», ya que los puestos se precarizarían. Por ello, si prosperan los Presupuestos Generales del Estado de 2017, considera que será tarea «poco menos que imposible».
El presidente de la asociación y coautor del libro, Ramón Tamames,, ha señalado que «se ha demostrado que la gestión privada de los servicios públicos por licitación ofrece mayores ventajas, como una menor burocracia, más innovación o mejores precios, que reflejan su «eficacia y eficiencia».
«¿Por qué hay ayuntamientos que quieren ponerse a administrar lo que funciona bien y abandonar la gestión de servicios más prioritarios?», se ha preguntado.
«LA REMUNICIPALIZACIÓN MIRA AL PASADO».
Por su parte, el ingeniero y consultor en gobernanza del agua, Ramón Aurín, ha puesto de manifiesto que el modelo de gestión pública de los servicios urbanos parte de un planteamiento arcaico.
«La remunicipalización no mira al futuro, sino al pasado. El papel de los Ayuntamientos no debería ser gestionar directamente los servicios públicos, sino innovar en la gestión municipal y plantear mecanismos de control de los servicios prestados a los ciudadanos. Los ayuntamientos democráticos han sido los principales integradores de toda la ciudadanía alrededor del proyecto común, ahora algunos vuelven a plantear la ciudad de las barricadas y los enfrentamientos», ha lamentado.
El libro se hace eco también de las opiniones de otro de sus coautores, como el jurista y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, quien explica que «políticas supuestamente progresistas resultan perjudiciales para el interés general, un concepto que en la actualidad se traduce en eficiencia y sostenibilidad».
«A la hora de gestionar los servicios públicos debemos primar que las cosas se hagan bien, que las haga quien tenga más capacidad y a costes más reducidos, siendo idóneo un entorno de competencia», ha recalcado.
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