CC.OO. y UGT han propuesto al Gobierno «endurecer» la regulación actual del despido objetivo, tanto individual como colectivo, y desincentivar el uso de la contratación temporal, especialmente de muy corta duración, mediante el incremento «significativo» de la cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de un sistema de penalizaciones.
Así lo recogen en un documento de propuestas que el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, y el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, han enviado al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, en el marco de la mesa de diálogo social sobre empleo y calidad del mismo.
En concreto, y en relación con el despido, los sindicatos piden que se impida a las empresas con beneficios justificar despidos en base a una previsión de pérdidas o a una caída de las ventas.
También quieren elevar las indemnizaciones actuales; que se paguen salarios de tramitación en todos los casos; que la ejecución de un ERE requiera la aprobación de la autoridad laboral (desde la última reforma laboral ya no es necesario); que en los casos de despidos improcedentes sean los trabajadores los que decidan entre la readmisión o la indemnización, y que se refuercen las consecuencias jurídicas y económicas cuando las empresas incumplan los derechos de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores en un ERE.
CC.OO. y UGT piden además que se refuercen las exigencias materiales sobre las causas que justifican un despido. Así, entienden que las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que pueden justificar el despido objetivo deben revestir «trascendencia» y conectarse con las decisiones extintivas, también en el despido objetivo por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida y el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas.
PENALIZAR EL EMPLEO TEMPORAL
En materia de contratación, los sindicatos quieren que la contratación fija sea la forma ordinaria de acceso al empleo en todas las empresas, incluyendo las contratas y subcontratas, de manera que la contratación temporal sea «excepcional» y atienda sólo a causas justificadas. Para ello, consideran que debería valorarse el establecimiento de un sistema de penalizaciones.
En concreto, plantean un aumento «significativo» de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los contratos temporales, sobre todo si son de muy escasa duración; eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores creado en la última reforma laboral por ser un contrato temporal «encubierto y precario»; establecer la nulidad de las extinciones de los contratos temporales celebrados en fraude de ley; determinar consecuencias jurídicas efectivas que garanticen la eficacia de la limitación del encadenamiento de contratos sobre el mismo trabajador y a su vez prohibir el encadenamiento contractual respecto a un mismo puesto de trabajo.
En su documento de propuestas, los sindicatos también abogan por regular las condiciones para la realización de prácticas no laborales y para evitar abusos de las empresas multiservicios; y reforzar la negociación colectiva, recuperando el equilibrio en las relaciones laborales.
JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES
Asimismo, CC.OO. y UGT reclaman reducir la jornada de trabajo con carácter universal a 35 horas semanales, sin que exista reducción salarial; modificar la actual regulación del contrato a tiempo parcial y revisar y regular también el contrato formativo.
Otras propuestas sindicales hacen referencia a la formación dual, a la revisión de los incentivos a la contratación, y a la necesidad de fijar medidas eficaces para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las contratas, subcontratas y empresas multiservicios.
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