Sólo el 30,5% de los empleos para personas con discapacidad se cubre en empresas ordinarias

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), durante el 2016 se generaron 98.802 contratos para personas con discapacidad, un 3,7% más respecto al año anterior. Una buena noticia que nos demuestra cómo poco a poco la recuperación económica también llega a las personas que tienen más difícil su acceso al mercado laboral como las personas con discapacidad. Igualmente, el tejido empresarial y la sociedad en general también nos muestran signos de una mayor sensibilidad para conseguir la plena inclusión de un grupo de población numeroso que durante muchos años ha visto ignoradas sus aspiraciones profesionales como consecuencia de la discapacidad.

De estos 98.802 contratos que firmaron el año pasado, solo 30.154 (30,5%) se produjeron en la empresa ordinaria, el resto se produjeron en el ámbito del empleo protegido.

A la hora de abordar la integración de las personas con discapacidad, el mercado laboral ofrece diferentes alternativas:

• Los Centros Ocupacionales constituyen un servicio social para el desarrollo de las personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan superar obstáculos y adquirir mayor autonomía y competencias sociales y laborales.
• El siguiente paso son los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuya finalidad es realizar un trabajo protegido y remunerado, siendo un puente o trampolín hacia el empleo en empresa ordinaria. Las plantillas de los CEE tienen que tener, como mínimo, un 70% de trabajadores con discapacidad.
• La empresa convencional/ordinaria, se trata del entorno habitual de trabajo, donde el trabajador con discapacidad desempeña las mismas funciones que cualquier otro empleado, aunque en ciertos casos será necesario ajustar ciertas tareas a las necesidades del trabajador.

Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “a pesar de los innegables avances sociales que se han producido en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, aún encontramos obstáculos que nos impiden hablar de una plena normalización de sus vidas en el ámbito profesional. La sobreprotección, el desconocimiento y el miedo del entorno familiar, educativo, social y empresarial les acaba conduciendo irremediablemente al empleo protegido como única opción”.

Mesonero también comenta que: “los Centros Especiales de Empleo son una solución que favorece la empleabilidad y el empoderamiento de miles de personas con discapacidad en nuestro país pero que debe ser considerada como una vía de tránsito hacia el empleo ordinario. Si tenemos en cuenta los datos de contrataciones en personas con discapacidad podemos afirmar que esto no es así, por lo que corremos el riesgo de que un sistema de protección transitorio que es positivo y necesario actualmente contribuya a perpetuar una situación de exclusión laboral si lo utilizamos como una medida finalista para las personas con discapacidad”.

En este contexto, la Fundación Adecco ayudó a generar durante el año pasado 3.987 contratos para personas con discapacidad, de todos ellos, 3.474 fueron en empresa ordinaria. Esto significa que el 11,5% de los contratos en entornos laborales normalizados fueron intermediados por esta fundación. Según Arancha Jiménez, directora de operaciones de la Fundación Adecco: “desde que comenzamos nuestra actividad, hace ya 18 años, apostamos por la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario como máxima de la inclusión sociolaboral y como mejor solución contra la exclusión social”.

Desde que se aprobó la LISMI (Ley 1371982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos), primera ley que regulaba y fomentaba la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral, la participación de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria se ha incrementado notablemente. Sin embargo, un 31% de las personas con discapacidad se encuentran en paro, 9,1 puntos más que la tasa de desempleo de la población sin discapacidad y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si atendemos a la tasa de actividad de las personas con discapacidad vemos como esta se sitúa en un 33,9%, más de 44 puntos por debajo a la población sin discapacidad. Atendiendo a estos datos podemos decir que las personas con discapacidad no están suficientemente representadas en la empresa española. Una situación que adquiere especial importancia si tenemos en cuenta que un 8% de la población en España tiene discapacidad.

Según Jiménez, “es muy importante la labor de sensibilización que llevamos a cabo en la sociedad y en las empresas con el objetivo de derribar aquellos prejuicios que relacionan la formación poco cualificada, el bajo índice de productividad y elevadas tasas de absentismo con las personas con discapacidad. En nuestro día a día trabajamos con las empresas demostrándoles que las personas con discapacidad tienen el mismo potencial que el resto de trabajadores. En un contexto tan competitivo como el actual, en el que el talento es fundamental para la sostenibilidad de un negocio, no contar con estas personas es perder oportunidades.

Para concluir, Arancha Jiménez comenta que “el candidato como protagonista de la inclusión laboral debe ser el principal responsable en la búsqueda de empleo. Para que el acceso a empresas ordinarias se convierta en una realidad para ellos, tenemos que conseguir que confíen en sus posibilidades, facilitarles un mayor acceso a la formación como principal garante de la empleabilidad y proporcionarles asesoramiento especializado para potenciar sus competencias”.

Murcia y Melilla, las zonas en la que los contratos para personas con discapacidad se producen mayoritariamente en el empleo ordinario

Si nos fijamos en los datos que a nivel autonómico proporciona el SEPE vemos como Andalucía (16.291), Madrid (14.206) y Cataluña (13.370) son las regiones en las que se firmaron más contratos para personas con discapacidad durante 2016. Una situación nada extraña ya que, son las comunidades con mayor nivel de población. Le siguen la Comunidad Valenciana (9.418), País Vasco (8.706) y Castilla y León (5.849).

Si atendemos a la naturaleza de los contratos para personas con discapacidad, Cataluña (5.083), Madrid (4.411) y Andalucía (4.400) son la que también más empleo generaron en el ámbito ordinario. Les siguen Comunidad Valenciana (3.633), Galicia (1.923) y Murcia (1.758). Destaca el caso de Murcia, región en la que los contratos para personas con discapacidad se producen mayoritariamente en el ámbito ordinario (68,4%) y no en el protegido (31,6%). Esta misma situación también se produce en Melilla, de los 73 contratos para personas con discapacidad que se firmaron en esta ciudad, 6 se produjeron en el ámbito del empleo protegido (8,2%) y el resto en el empleo ordinario (91%).

Por Comunidades Autónomas en las que la Fundación Adecco está presente, el 33% de los contratos en empresa ordinaria en Aragón han sido generados por esta institución, el 24% en el caso de Andalucía, 21% en Navarra, 15% en Cataluña, 14% en el País Vasco, 13% en Madrid, 13% en la Comunidad Valenciana, 11% en Baleares y 7% en Canarias.