El 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años que viven en España están en riesgo de pobreza o exclusión, tasa que sube al 58,4 por ciento cuando se trata de jóvenes en paro, según los datos del Instituto Nacional de Estadística que recopila un informe para pedir a las empresas y al Gobierno que tomen medidas al respecto.
Se trata del primer informe del Observatorio Empresarial contra la Pobreza, que se presenta este jueves 19 de enero en Madrid. Titulado ‘El camino hacia el empleo juvenil. Qué puede hacer la empresa’ y elaborado por expertos de Ideofactum, el IESE, Fundación Tomillo y Fundación Codespa, expone una radiografía de la situación de la juventud española vulnerable, junto a ejemplos de buenas prácticas empresariales en la empleabilidad de estas personas y propuestas de mejora.
El trabajo recuerda que, a raíz de la crisis de 2008, España pasó a ser el país europeo con mayor índice de desempleo juvenil, tan sólo por detrás de Grecia. «Aunque la tasa alcanzó su máximo en 2013 y se atisba una ligera recuperación, aún en 2016, cuatro de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años que quieren trabajar no pueden hacerlo», destaca el estudio.
Según afirma, es un joven vulnerable ante al empleo aquel entre 16 y 29 años que reúnen una o más condiciones como tener menor grado de formación, no lograr insertarse en el mercado laboral, trabajar sólo esporádicamente y concatenando contratos de corta duración, estar inactivo y desanimado ante la búsqueda de trabajo o sumar otros factores que pueden ser de exclusión social como inmigración, discapacidad o pobreza.
«Identificar el nexo entre vulnerabilidad social y empleo es crítico para reconocer el impacto vital que puede tener para un joven el acceso a un trabajo digno», dice el estudio, según el cual, la formación, el propio funcionamiento del mercado laboral, la falta de experiencia y la transición de la educación al empleo, como las principales barreras que afrontan los jóvenes en este sentido.
Para contrarrestarlas, el informe apuesta por medidas que involucran tanto a la Administración como a las empresas: prevenir el abandono escolar, buscar la reintegración en la educación, facilitar la transición de la educación al empleo y hacer en definitiva al joven más empleable.
Sobre este asunto, el trabajo afirma que en España «la oferta formativa no evoluciona al ritmo de las necesidades de las empresas», especialmente cuando se trata de la formación profesional. «Es necesario flexibilizar, en la medida de lo posible, los procesos de adaptación de los contenidos curriculares por parte de las autoridades competentes a las necesidades reales de las empresas», concluye.
En la misma línea, afirma que «la empresa tiene que involucrarse más proactivamente en la definición de los nuevos requisitos formativos y utilizar los cauces legales de contratación juvenil que permiten la incorporación del joven a la empresa durante su etapa formativa en base al modelo de formación profesional dual».
Para los expertos que han elaborado el trabajo, «una mayor coordinación entre los distintos actores mejoraría la eficacia de las medidas para generar empleo juvenil» y por eso pide que tanto poderes públicos como empresas y organizaciones sociales, que son a menudo el nexo entre el joven vulnerable y el empleo, deben ponerse de acuerdo.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.