El Decreto Tributario aprobado este jueves por el Gobierno incrementará los impuestos en 4.800 millones y amenaza con perjudicar la ventaja competitiva y la creación de empleo de España. Los expertos consultados por elEconomista coinciden en dar un diagnóstico negativo para el conjunto de medidas fiscales y sociales, que prevé recaudar más a través del impuesto de Sociedades (4.000 millones de euros); Alcohol y Tabaco (200 millones) y nuevos tributos medioambientales (500 millones).
Los analistas creen que el pack que sacó adelante el Congreso de los Diputados tendrá, grosso modo, dos consecuencias negativas: la más concreta será un efecto contractivo en la actividad y en la creación de empleo, afectando especialmente a las pymes y autónomos. Los analistas recuerdan que las subidas de determinados impuestos, como el caso de los Especiales, se traduce en incremento de precios y, por tanto, en pérdidas de competitividad en el escenario internacional. A eso se suma que desincentiva la demanda, lo que deriva en menos consumo, menor actividad y, por ende, en ralentización del crecimiento.
«La alternativa fácil de elevar impuestos, en vez de reducir el gasto no productivo de la Administración, es una política cortoplacista y de escaso recorrido», sentencian desde la CEOE. Una tesis que nos lleva a otro aspecto más intangible, como es la pérdida de credibilidad del Ejecutivo que, tras dos años aferrado a la promesa de no subir impuestos, cerró finalmente un alza tributaria en su primer gran acto en el Parlamento.
La inercia salva el crecimiento
El país crece el doble que la media europea, al 3,2 por ciento, y se crea empleo a buen ritmo, una inercia que permitirá salvar, en parte, el efecto contractivo de las medidas fiscales y sociales aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, no conviene ignorar los riesgos subyacentes en la economía española. «La realidad es que hemos perdido un año por la falta de Gobierno, que no es verdad que se ha terminado la época de austeridad y que creciendo lo que crecemos seguimos teniendo problemas», asegura el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich.
Más cargas, menos empleo
En términos de empleo, los expertos advierten que, si bien se seguirán creando puestos de trabajo, algunas de las medidas aprobadas por el Ejecutivo frenarán la generación de nuevos empleos. La eliminación de las deducciones del impuesto sobre Sociedades y el incremento del 3 por ciento de las cotizaciones sociales dejará menos dinero disponible para las empresas. «Las empresas tendrán que destinar a pagar impuestos un dinero que antes podía destinarse a la contratación», señala el profesor del IEB, Javier Santacruz.
Un efecto similar tendrá la prohibición de los aplazamientos de las deudas tributarias empresariales, si bien hay un acuerdo con las organizaciones empresariales para permitir que autónomos y pymes puedan aplazar hasta 30.000 euros en un plazo máximo de 12 meses. Quienes no se beneficien de la flexibilización, pueden verse obligados a recurrir al crédito y reducirán la solvencia de las empresas, «que son las que crean empleo», apunta el profesor del IEB, Miguel Ángel Bernal.
Menos renta disponible
En esencia, el decreto fiscal implica que el Estado está quitando renta a las familias y a las empresas y se la está transfiriendo a sí mismo. A esto se añade otro problema, según el economista José Carlos Díez, quien incide en que la Administración Central no va aprovechar esta renta extra para elevar su gasto, en tanto que está obligada a reducir el déficit.
Sólo el próximo año nuestro país debe acometer un ajuste que le permita reducir el déficit desde el 4,6 por ciento al que debería cerrar este año, hasta el 3,1 por ciento (son más de 15.000 millones de euros de ahorro en un único ejercicio). En este sentido, Valentí Pich recuerda que, como no hay ingresos extras que lo permitan y hay que cumplir con el déficit, y teniendo en cuenta que no se puede tocar ni el IVA ni el IRPF, sólo quedaba el impuesto sobre Sociedades. En su opinión, todas las medidas aprobadas en el decreto tributario acaban por demostrar que parece imposible reducir el tamaño del sector público.
Salario mínimo y temporalidad
El Ejecutivo aprobó una subida del 8 por ciento del salario mínimo, hasta los 707,6 euros mensuales, el mayor incremento en 30 años. Este aumento se acompaña de otro de las bases máximas de cotización del 3 por ciento. Dos medidas que suponen más gasto especialmente para las pymes. ¿El motivo? «Son la puerta de entrada al mercado laboral de la gente más joven», que es el colectivo que tiene sueldos más próximos al salario mínimo, a juicio de Bernal.
Junto a los mayores costes para las pymes, los expertos ponen el foco en un posible efecto perverso de la subida del SMI: el aumento de la temporalidad. «Las empresas camuflarán el alza del salario mínimo con más contratos temporales», detalla Santacruz. En un sentido parecido se pronuncia Pich: «Si antes una empresa podía pagar un contrato de seis horas puede que con la subida lo reduzca a cuatro», pone como ejemplo.
En contra de los más vulnerables
Otro enfoque de los efectos adversos del decreto en el ámbito laboral lo ofrece el Instituto de Estudios Económicos. El IEE alerta de que el impacto de los incrementos fiscales recaerá sobre todo en los colectivos más vulnerables, como los parados de larga duración o los trabajadores con un menor nivel de cualificación. El aumento de los costes laborales, sin incrementos equivalentes de la productividad «tiende a provocar aumentos en la tasa de desempleo y, en especial, dificultan el acceso al mercado laboral de los colectivos más vulnerables», remarcan. Los más afectados serían los parados de larga duración y con menor nivel de formación, que ven cómo su opción de ser empleados disminuye en detrimento de los trabajadores más cualificados, o como resultado de la mecanización de tareas.
Pérdida de credibilidad
El pack aprobado por el Congreso da un mensaje «enormemente negativo de un Gobierno que lleva dos años prometiendo no subir impuestos», asevera Santacruz. Y eso conlleva una pérdida de confianza y credibilidad. Para los expertos, que el Gabinete de Rajoy haya roto su compromiso nada más comenzar la legislatura resta autoridad a su palabra. «Nadie creerá las promesas de crecimiento ni de cumplimiento del déficit», augura Santacruz.
Luego está el hecho de que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) persiste la incertidumbre sobre la estimación que hace el Gobierno del impacto de la recuperación cíclica y de las medidas ya citadas en la previsión oficial de ingresos. Por este motivo, el organismo fiscalizador ve necesario un seguimiento efectivo de la recaudación de este paquete.
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