La Generalitat ha incrementado un 25% el presupuesto del programa Trabajo y Formación del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), hasta 40 millones de euros, para ofrecer empleo acompañado de formación a 3.725 parados de larga duración con un salario bruto de 1.000 euros mensuales, frente a los 850 euros de convocatorias anteriores. Para ponerlo en práctica, la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha firmado este miércoles un convenio con representantes de los sindicatos UGT y CC.OO. de Catalunya, de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) y de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC).
La duración de las contrataciones será de un mínimo de seis meses y un máximo de doce –por primera vez –, priorizando a los mayores de 45 años y beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI), para realizar tareas en administraciones locales que no sean estructurales, sino proyectos concretos pensados con un interés social. Los contratos de un año serán prioritariamente para mayores de 55 años —un tercio de los beneficiarios previstos– que hayan agotado las prestaciones de desempleo y sin cotización suficiente para que se les reconozca la pensión de jubilación cuando lleguen a los 65 años, mientras que de los proyectos de seis meses también se podrán beneficiar personas de entre 45 y 55 años, o incluso más jóvenes si quedan vacantes. Entre los beneficiarios de la RMI, tendrán prioridad las mujeres con cargas familiares y las personas en fase de agotar el plazo máximo de percepción de la ayuda, en una iniciativa que responde a la resolución del Parlament que instaba al Govern a avanzar hacia un nuevo salario mínimo catalán equivalente al 60% del salario medio, que son aproximadamente 1.000 euros al mes.
En rueda de prensa, la consellera Bassa ha explicado que el objetivo es conseguir una «inserción laboral efectiva con ocupabilidad digna y formación» para ayudar a volver al sistema a aquellas personas que han quedado fuera del mercado de trabajo. PRESUPUESTO LIMITADO Ha lamentado que la falta de Presupuestos de la Generalitat en 2016 ha limitado el alcance del programa por no poder disponer de más dinero, pero ha indicado que, aunque llegará a poca gente, es un «símbolo del paso adelante» que quiere dar el Govern en favor del empleo de calidad y del SOC como el sistema de empleo de Catalunya. El vocal de la comisión de promoción económica y empleo de la ACM, Isidre Sierra, y la presidenta del ámbito de Desarrollo Económico y Empleo de la FMC, Esther Pujol, han incidido en la reclamación ciudadana de mejorar el empleo, y Pujol ha considerado que con la firma de este convenio se dará una respuesta coordinada para «dignificar e innovar en las políticas de empleo».
El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha celebrado esta «defensa y refuerzo del sistema público de empleo» y ha confiado en que sea el inicio del camino para fijar un salario mínimo de 1.000 euros en todo el ámbito del sector público. El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha hablado de primer paso para mejorar la calidad del empleo, y ha reivindicado que «las administraciones pueden exigir el cumplimiento de determinadas condiciones para ayudar a abrir vías de cambio en la mala situación que está viviendo el mercado de trabajo», así como crear la renta garantizada de ciudadanía para evitar que las personas sin ingresos caigan en la exclusión social.
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