El número de convenios colectivos registrados hasta el mes de abril fue de 1.385, con 176 convenios nuevos y 1.209 rervisados, lo que supone un 76,8% más que en el mismo periodo del año anterior, que afectan a un total de 4.405.980 trabajadores de 468.376 empresas, y que tienen una subida salarial media de 1,11%.
Estos datos están recogidos en el informe ‘Situación de la Negociación Colectiva hasta abril de 2016’, elaborado por UGT, donde se refleja el «impulso» del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) sobre la evolución al alza de los convenios.
En concreto, son 176 los convenios nuevos registrados hasta abril, que afectan a 115.526 trabajadores de 10.948 empresas, con una subida media salarial del 1,09% y una jornada de 1.771,04 horas al año. Por su parte, los convenios revisados son 1.209 y afectan a 4.290.454 trabajadores de 457.428 empresas, tienen una subida media del 1,11% y una jornada de 1.758,75 horas al año de media.
De hecho, el número de convenios registrados entre enero y abril de 2016 supone un crecimiento del 225,12% sobre los registrados entre enero y abril de 2013.
Por tipos de convenio, el número de convenios de empresa es un 59,48% superior que hasta abril de 2015 y un 145,03% mayor que hasta abril de 2013. Los convenios de ámbito superior a la empresa han mantenido a lo largo del periodo la senda ascendente y se han registrado hasta abril un 84,21% más que en el mismo periodo del año pasado, y un 269% más que entre enero y abril de 2013.
El informe muestra que este impulso de los convenios del III AENC se ha visto reflejado también en el aumento de los trabajadores protegidos por convenio. De esta forma, hasta el mes de abril se ha aumentado en casi dos millones de trabajadores más respecto a abril de 2015, y un 209,31% más respecto a abril de 2013.
«La senda de crecimiento de salarios continúa reflejando el cambio de política salarial recogido en el III AENC, que ha ejercido como mecanismo de distribución de la mejora económica», destaca UGT.
Sin embargo, UGT insiste en la necesidad de una distribución «más justa de la riqueza» y para ello ve «indispensable» seguir ahondando en estas políticas para garantizar incrementos de poder adquisitivo de los salarios a través de la negociación colectiva, como refleja el acuerdo, incluidos los salarios de los empleados públicos.
También aboga por aumentar otras rentas: actualizar el IPREM y el SMI, aumentar la cobertura de desempleo, ampliar el Programa de Activación del Empleo (PAE) y el Plan Prepara e implementar una prestación de ingresos mínimos.
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