El sindicato del sector público (ADEDY) y el principal del privado (GSEE) prosiguen este sábado la huelga de 48 horas en protesta contra las polémicas reformas de pensiones y fiscal que votará en sesión plenaria el Parlamento heleno el domingo.
La primera jornada de huelga, que fue convocada a primeras horas de la tarde del jueves por ambos sindicatos al saberse que el Gobierno decidía adelantar la votación de las reformas en el Parlamento, tuvo un seguimiento claramente menor que la anterior del 4 de febrero.
Mientras que los transportes públicos como metro, tranvía y autobús quedaron sin servicio, y seguirán así al menos hasta el domingo, día en el que se prevén además paros parciales, en el comercio minorista el seguimiento de la huelga fue muy escaso y la gran mayoría de las tiendas abrieron, aunque con mucha menos clientela a causa de la propia huelga en el transporte.
En el aeropuerto internacional de Atenas, Eleftherios Venizelos, no habrá hoy cancelaciones de vuelos internacionales por motivo de la huelga, tal y como sucedió ayer, ya que los controladores aéreos rechazaron sumarse a estos paros a diferencia de lo que hicieron en febrero.
Tampoco zarparán barcos de pasajeros del puerto ateniense del Pireo, pues los trabajadores del sector están en huelga hasta el martes a las seis de la mañana.
A la convocatoria de huelga se sumaron también otras organizaciones como las de trabajadores del campo, que se manifestarán hoy en el centro de Atenas a las 18:00 (15:00 GMT) y también el sindicato de periodistas (POESY), que lleva acabo un ‘apagón’ informativo desde la mañana del viernes.
La reforma fiscal y de las pensiones que quiere aprobar el Gobierno forma parte del tercer paquete de rescate de Grecia, y con ella se pretende economizar a través de recortes y aumentos de impuestos 5.400 millones de euros.
El objetivo de este paquete de medidas es conseguir un superávit primario de 3,5 % del producto interior bruto en 2018, según está previsto por el tercer plan de rescate acordado entre el Ejecutivo griego y los acreedores internacionales del país el verano de 2015.
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