La paralización de los cursos de formación a nivel estatal y el retraso que acumulan estas actividades en las comunidades autónomas ha dejado a cerca de cuatro millones de parados y ocupados sin acceso a cursos durante el último año, según denuncia UGT en un informe al que tuvo acceso Servimedia.
El sindicato achaca esta “paralización” a la reforma de la formación aprobada hace algo más de un año, que ha dejado a “unos cuatro millones de trabajadores sin la posibilidad de formación en estos momentos, tanto ocupados como desempleados”.
El informe critica que tras la aprobación de la reforma, cuyo real decreto vio la luz en marzo de 2015, aunque su publicación posterior fue en septiembre, “por primera vez hubo un año entero sin convocatorias de subvenciones para planes de formación estatales”.
Además, asevera que “los cursos de las comunidades autónomas se están retrasando y la formación bonificada en las empresas ha caído porque existe una gran inseguridad jurídica”.
A esta situación se suma el impacto sobre el empleo, que según la patronal de la formación alcanza una pérdida de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el sector.
Por otro lado, el estudio refleja que en los últimos doce meses las bonificaciones recibidas por las empresas han bajado un 28% por la incertidumbre del marco normativo de aplicación.
Ante esta situación, el sindicato critica que el Gobierno realizase durante el pasado año una reforma “urgente” de la formación “que ha paralizado el sistema y ha abandonado a su suerte a los trabajadores en su conjunto y a los desempleados en particular”.
UGT demanda que se inicie el desarrollo normativo de la reforma y que se cumplan los acuerdos alcanzados en el proceso parlamentario, como que se ‘reanualicen’ las cuotas de manera que los fondos de la próxima convocatoria recojan lo no invertido en los años anteriores, tanto en 2016 como en 2014 y 2015.
También reclama el desarrollo del papel de las estructuras paritarias, sus funciones y su financiación, así como del de la representación legal de los trabajadores y la formación de los interlocutores sociales.
Por otro lado, el sindicato sostiene que la paralización del sistema de formación demuestra que la reforma aprobada por el Ejecutivo “no era urgente”, y añade que esa “necesidad de urgencia” que llevó al Gobierno a aprobarla por real decreto “queda también en evidencia” tras el resultado de la evaluación de la calidad, el impacto, la eficacia y la eficiencia del sistema de formación en los años 2012 y 2013 presentado por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
En este sentido, UGT subraya que “una de las premisas del Gobierno para la reforma urgente del sistema era que los interlocutores sociales salieran de la ejecución de la formación”, algo que, en su opinión, “no se entiende ante una evaluación tan favorable de estos años en los que los agentes sociales impartían formación a miles de trabajadores”.
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