El Gobierno en funciones ha acordado hoy un ajuste de 4.766 millones de euros este ejercicio para rebajar el déficit al 3,6 % del PIB, mientras que ha calculado que la economía española crecerá de media un 2,5 % entre 2016 y 2019, año en el que el paro será del 14 % de la población activa.
Estas previsiones, que para el Ejecutivo son «prudentes y realistas» y están supeditadas a «la política económica correcta» (en referencia a las previsibles nuevas elecciones generales), se han incorporado al Programa de Estabilidad (2016-2019) y remitido hoy a la Comisión Europea (CE).
El Ejecutivo comunitario responderá en mayo con recomendaciones específicas para los siguientes 12-18 meses.
Tras su aprobación en Consejo de Ministros, también se ha remitido el Plan Nacional de Reformas, aunque, al estar en funciones, el Gobierno se limita en él a dar cuenta de las iniciativas adoptadas durante el pasado año para cumplir con las recomendaciones europeas de primavera que se devolvieron entonces.
Respecto al déficit de 2016 (3,6 % del PIB), el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que se establece una nueva meta del 1,1 % del PIB para la Seguridad Social, de forma que es la administración que recibe el mayor margen respecto a las cifras previas, al sumar ocho décimas al objetivo anterior.
El Gobierno confía en que la CE acepte dar un año más de margen para bajar de un desequilibrio entre ingresos y gastos del 3 % del PIB, que es el límite máximo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, y que inicialmente estaba previsto en 2016.
Para cumplir con el 3,6 % del PIB propuesto hoy, España hará un ajuste del gasto en los Ministerios de 2.000 millones de euros, a los que se sumarán 2.037 millones por parte de las comunidades autónomas (sin que se conozca de momento cómo se repartirá) y 729 millones procedentes del ahorro generado por el proceso de reforma de las administraciones públicas (CORA).
El Ministerio de Fomento, con 598,30 millones, es el departamento más afectado por el citado acuerdo de no disponibilidad de créditos, seguido por los 447,30 millones de Economía y Competitividad.
De lado de los ingresos, el Gobierno cuenta con una recaudación adicional de 1.000 millones de la lucha contra el fraude fiscal.
En lo que se refiere al Producto Interior Bruto (PIB), se espera que la economía española mantenga un ritmo de crecimiento medio del 2,5 % en los próximos cuatro años (2,7 % en 2016, 2,4 % en 2017, 2,5 % en 2018 y en 2019).
Este ritmo sostenido se basa en la demanda interna, cuya aportación superará una media de 2,5 puntos, y en una inversión que crecerá en torno al 5 % medio anual, con más fuerza en el caso de los bienes de equipo que en el de la construcción.
Según el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, se trata de un «cambio de modelo» al pasar de una economía basada en el ladrillo (que antes de la crisis suponía un 20 % del PIB, y ahora es la mitad) a otra sustentada en la exportación de bienes y servicios, «mucho más estable» y menos dependiente de «vaivenes», ha dicho.
En cuanto al desempleo, el Gobierno espera que se prolongue igualmente el ciclo positivo que se inició hace dos años y que permite proyectar la recuperación de los niveles de ocupación que tenía la economía española antes de la crisis.
Para finales de 2019 está previsto alcanzar prácticamente los 20 millones de ocupados mediante un ritmo de crecimiento anual medio de unos 470.000 nuevos puestos de trabajo.
El número de parados se estima que bajará alrededor de 1,8 millones en estos cuatro años y la tasa de paro descenderá desde el 22,1 % de 2015 hasta el 14 % esperado para 2019, tras pasar por 19,9 % en 2016, 17,9 % en 2017 y 15,8 % en 2018.
Si se tiene en cuenta el último trimestre del año, y no la media, como en el anterior párrafo, el paro acabaría 2019 en el 13 % de la población activa.
De Guindos ha asegurado que todo este escenario «es perfectamente factible» si no se cometen «errores» en política económica y «continuamos haciendo las cosas correctas».
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