El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para manifestar la necesidad de «seguir priorizando» la aprobación de los reglamentos necesarios para garantizar que la Ley de Formación Profesional para el Empleo, aprobada el pasado mes de septiembre, pueda entrar en vigor en los plazos previstos, que concluyeron el pasado 12 de marzo.
En el texto, que recoge Europa Press, los ‘populares’ defienden que aunque las distintas fuerzas políticas tienen «grandes diferencias» en el modo en que se debe reforzar la competitividad económica para crear empleo, también existen «algunos puntos en común», como demuestra la aprobación de la reforma del sistema de Formación Profesional para el Empleo con el respaldo de PP, PSOE y UPyD y la abstención del resto de partidos.
Un nuevo modelo que aportará «mayor eficacia, eficiencia y transparencia» al sistema y que aportará «instrumentos adecuados de control» para que «no se puedan repetir fraudes en los cursos de formación como los que han sucedido en Andalucía», añade el PP, que no menciona sin embargo fraudes similares ocurridos en regiones como la Comunidad de Madrid.
SEIS MESES DESDE LA ENTRADA EN VIGOR
Dada la importancia de esta reforma y el impacto que puede tener para mejorar la empleabilidad de los trabajadores españoles, el PP cree que la Cámara Baja debe «manifestar la necesidad de seguir priorizando los desarrollos reglamentarios y el dictado de las disposiciones» necesarios para garantizar su aplicación.
Y así lo planteará al Pleno del Congreso, con la intención de que éste reclame que los reglamentos pertinentes sean aprobados con la mayor celeridad para garantizar que la Ley de Formación Profesional para el Empleo sea «plenamente efectiva» antes de la fecha máxima recogida en la propia normativa, que establece un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, lo que sitúa el límite en el pasado 12 de marzo.
BONIFICACIONES A LA CONTRATACION
En otra proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ también defienden los resultados que ha tenido su reforma laboral, que ha conseguido tanto «frenar la destrucción de empleo» que se encontró el Gobierno de Mariano Rajoy al inicio de la legislatura, fruto de la «rigidez» del mercado de trabajo; como «cambiar la tendencia» y que se comience a crear empleo.
«Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer y debemos seguir trabajando», continúa el texto, en el que se reconoce que la calidad del empleo y la lucha contra la temporalidad son los grandes «retos» a los que se enfrenta la sociedad española en este momento, a pesar del «incremento esperanzador» de los contratos indefinidos que se ha vivido en los últimos meses.
Por ello, el PP quiere que el Pleno del Congreso manifieste la necesidad de «ampliar» las medidas orientadas a potenciar este tipo de contratación, y se refiere particularmente a las «interesantes» bonificaciones aprobadas por el Ejecutivo durante los dos últimos años y que «están dando sus frutos».
«Debemos ir más allá. Debemos potenciar la contratación indefinida ampliando las medidas adoptadas hasta el momento», proponen, planteando así a la Cámara Baja que pida al Ejecutivo que amplíe a cuatro años –desde los dos actualmente previstos– la exención de pago de cotizaciones por contingencias comunes por los primeros 500 euros en los nuevos contratos indefinidos, y la extensión de esta medida a los contratos temporales que se transformen en indefinidos.
PROMESA ELECTORAL ESTRELLA
Esta propuesta, que fue una de las promesas electorales estrella del PP en la campaña del pasado mes de diciembre, también quedó recogida hace unos días en una proposición de ley registrada también en el Congreso, y en la que se precisaba que, junto a la ampliación temporal –durante 48 meses y en contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 2017– y de beneficiarios, las exenciones se aplicarían a las cotizaciones tanto del trabajador como del empresario.
Eso sí, para poder acogerse a esta opción se empezaría a obligar a los empresarios a mantener los contratos durante un periodo de cuatro años, en lugar de los tres actuales, aunque ya no haría falta que los nuevos contratos supusieran un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como de la plantilla total, sino que únicamente tendrían que conllevar más trabajadores a tiempo indeterminado y, «al menos», el mantenimiento del número de trabajadores.
Además, en dicha proposición de ley se elimina la referencia a las empresas de menos de diez trabajadores, que con la normativa actual podían mantener una bonificación sobre los primeros 250 euros de cotización durante un año tras finalizar los 24 meses previstos. Y los contratos beneficiarios de la exención de cotizaciones que se hubieran firmado antes de la entrada en vigor de este cambio seguirían rigiéndose por la normativa actual.
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