La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha reclamaro este martes un pacto para incrementar el empleo en las Administraciones Públicas a fin de mejorar la cobertura y los servicios que se prestan a los ciudadanos.
Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, el número de empleados públicos resulta «insuficiente» para atender al conjunto de la ciudadanía, sobre todo si se tiene en cuenta que en cuatro años se han destruido 400.000 empleos en el sector público, de ellos 30.000 en la Sanidad.
UGT señala además que el porcentaje de empleados públicos sobre población total sitúa a España a la cola de la Unión Europea, con una cifra un 10% inferior a la de Francia, 5% menor que en Reino Unido y un 4% inferior a la de Irlanda.
El sindicato subraya que también hay que tener en cuenta que la reforma laboral que se viene aplicando en España desde 2012 incluye la posibilidad de que se puedan realizar expedientes de regulación de empleo, pero sólo de extinción, en las Administraciones Públicas, a diferencia del sector privado, donde puede haber también de suspensión de contratos o reducción de jornada.
La federación sindical recuerda además que la tasa de temporalidad en el sector público es «muy elevada», del 20%, y denuncia que, en paralelo, se han privatizado en estos años servicios públicos por un importe superior a los 24.000 millones de euros.
Asimismo, UGT entiende que el establecimiento, con carácter general, de una tasa de reposición de efectivos del 50% contribuirá a seguir destruyendo empleo público, pues sólo en la Administración General del Estado se han amortizado 33.000 puestos de trabajo y 54.000 funcionarios se han jubilado anticipadamente «por la actitud del Gobierno de degradar la figura del empleado público y generar incertidumbre sobre el futuro de las pensiones».
«Este panorama de los recursos humanos en las Administraciones Públicas hace imprescindible un pacto por el empleo que incluya la supresión de la tasa de reposición y permita la creación de empleo neto. De lo contrario, si se mantiene la sangría de empleo público, se estará poniendo en peligro la gestión de los servicios públicos», advierte UGT.
En su opinión, dicho pacto debería definir las actividades que no pueden ser objeto de externalización o privatización; consolidar el empleo de todos aquellos puestos de trabajo estructurales que están ocupados por personal temporal; anular los despidos colectivos en las Administraciones Públicas y reducir a la «mínima» expresión el personal eventual (personal de confianza) y directivo, fomentando que sus funciones sean desempeñadas por empleados públicos.
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