La Federación de Servicios Públicos (FSP) quiere que se establezca un mínimo retributivo de 1.200 euros mensuales netos como suelo salarial en el conjunto de las Administraciones Públicas.
El sindicato propone alcanzar un pacto salarial en el sector público que, mediante la concreción de un crédito extraordinario, compense la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los empleados públicos en la actual legislatura, que cifra en un 14%, incluyendo la paga extra suprimida en 2012 y aún no cobrada en su totalidad.
En este sentido, UGT ha denunciado en un comunicado que el crecimiento salarial del 1% previsto para el próximo año «no compensa» esta pérdida del poder de compra, por lo que plantea un alza superior, así como el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que evitara nuevas pérdidas.
«Esta sería una vía adecuada para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos y resguardarlos de las arbitrariedades de los gobiernos de turno. Desde el año 1982 hasta la actualidad la merma de poder de compra de los empleados públicos asciende al 49%», ha criticado.
En su opinión, los recortes en gastos de personal contemplados en los Presupuestos Generales del Estado desde 2012 no se deben a que existan sobrecostes en esta materia, pues el coste de los empleados públicos en España está unos 300 euros por debajo de la media de la UE y hasta 1.500 euros por debajo en países como Francia.
El sindicato ha hecho hincapié en que el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció el pasado mes de enero que en la Administración General del Estado «el salario mínimo de los trabajadores contratados de la Función Pública no basta para asegurar un nivel de vida decente». Por ello, aboga por establecer un suelo salarial de 1.200 euros al mes en las Administraciones Públicas.
«La negociación colectiva en las Administraciones Públicas y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, entre ellas la subida salarial, suponen una inversión por su positiva repercusión en la sociedad, tanto en productividad, como en cotizaciones, pago de impuestos, consumo y generación de empleo», sostiene el sindicato, que ha reiterado su petición al Ministerio de Hacienda para que convoque la Mesa General de Negociación.
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