El Ministerio de Empleo ha dispuesto un gasto de 13,27 millones de euros en concepto de la nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares y sin otros ingresos, que se acordó con los sindicatos a finales de 2014, devengada entre los meses de febrero y marzo.
Así lo señala en respuesta al exportavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, quien en una pregunta escrita consideraba «urgente» poder «evaluar la eficacia» de esta ayuda a través de datos como el número de preceptores del programa, las solicitudes presentadas y su coste presupuestario.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno aporta cifras provisionales desde el 15 de enero –fecha a partir de la cual se podía solicitar la ayuda– y hasta el 31 de marzo. En ese tiempo se sumaron 44.164 preceptores por un total de más de 13,27 millones de euros devengados.
La prestación para parados de larga duración con cargas familiares prevé una ayuda de 426 euros durante seis meses para ciudadanos que lleven al menos seis meses sin cobrar ninguna ayuda, y según las previsiones del Ejecutivo costará entre 1.000 y 1.200 millones de euros para beneficiar a entre 400.000 y 450.000 desempleados.
DUDAS SOBRE LAS SOLICITUDES
Por otra parte, Anchuelo también se quejaba de la «complejidad» de los requisitos exigidos para acceder a este programa, y pedía una flexibilización de los mismos para no dejar fuera a ciudadanos necesitados que no cumplieran todas las exigencias.
De hecho, el pasado mes de marzo Empleo ya precisó los criterios de interpretación de la regulación de la ayuda que habían llevado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a considerar que la última prestación percibida por el solicitante tenía que ser necesariamente el Prodi, el Prepara o la Renta Activa de Inserción (RAI).
Así, el departamento que dirige Fátima Báñez aclaró que si el solicitante cumplía el resto de requisitos se le debería reconocer el derecho a esta ayuda independientemente de cuál fuera la última prestación que hubiera cobrado, lo que abrió la puerta a la revisión de más de 3.000 solicitudes que ya habían sido denegadas por este asunto.
En este sentido, la respuesta parlamentaria a Anchuelo insiste en que «sí se admitirán las solicitudes que hasta marzo no se presentaban o eran denegadas por no cumplir el requisito, que hasta marzo se venía observado, sobre último derecho percibido, siempre que se cumpla el resto de los requisitos».
De este modo, el Gobierno cifra en 75.047 las solicitudes presentadas entre el 15 de enero y el 31 de marzo, lo que eleva al 58,84% el dato de las peticiones aceptadas.
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