La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han avisado este lunes de que, pese a la vuelta al crecimiento, persisten «desequilibrios significativos» en la economía española, en particular el paro o la elevada deuda, y han pedido al Gobierno que prosiga con su agenda de reformas, en particular con «medidas adicionales» para reducir la segmentación en el mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales o la presentación de la ley para liberalizar los servicios profesionales.
Este diagnóstico es el resultado de la tercera visita de control a Madrid por parte los inspectores de Bruselas y del BCE tras el fin del rescate bancario por el que España recibió 41.300 millones de euros de sus socios de la eurozona. En la visita, que tuvo lugar entre el 12 y el 18 de marzo, participaron también expertos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
«En conjunto, España se está beneficiando de las reformas estructurales realizadas, la consolidación fiscal y la recapitalización bancaria, que se reflejan de forma creciente en la estabilización del sector financiero, una fuerte recuperación económica y una baja prima de riesgo», señalan los inspectores en una declaración conjunta con las conclusiones de su visita.
«No obstante, persisten desequilibrios significativos», resalta el informe, que avisa en particular de que «el paro, en particular el juvenil y el de larga duración, sigue siendo muy alto, al igual que la segmentación del mercado laboral» y de que «la deuda pública sigue aumentado y devolverla al valor de referencia del 60% requerirá un esfuerzo fiscal continuado a largo plazo».
«La plena y efectiva aplicación de la agenda de reformas y su refuerzo adicional son cruciales para sostener la recuperación, seguir reequilibrando la economía y mantener una baja prima de riesgo en el futuro», apuntan los inspectores.
Bruselas y el BCE insisten en que «las reformas pendientes deben ahora completarse, por ejemplo la ley de unidad de mercado, o deben complementarse con medidas adicionales, por ejemplo para abordar la segmentación en el mercado laboral» y lamentan los «retrasos en la aplicación» y los «riesgos» derivados de la necesidad de una actuación conjunta entre el Gobierno central y los autonómicos.
«Además, hay algunas reformas claves pendientes, como la reforma de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales, que si se adoptara beneficiaría al conjunto de la economía», apunta el informe.
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