Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han insistido en la necesidad de establecer una renta mínima garantizada, que no costaría ni el 10% de los recursos dispuestos para el rescate bancario, y para la que se plantean presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) si el Gobierno no da un paso hacia su creación.
Durante su intervención en una jornada sobre la renta mínima europea, Toxo ha precisado que esta renta debería nacer como un «derecho subjetivo», llamado a cubrir «el agujero negro» que los altos niveles de desempleo han provocado en el sistema de protección social español.
Según Toxo, existen recursos suficientes para llevarla a cabo y su coste debería abordarse desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como el pago de las prestaciones no contributivas. La gestión, ha dicho, correría a cargo de las comunidades autónomas, toda vez que los beneficiarios pasaran por un proceso de cohorte por rentas.
Por otro lado, Toxo ha avanzado que, una vez puesta esta propuesta sobre la mesa de negociación con el Gobierno, «o hay acuerdo en un plazo razonable o en breve los sindicatos pondrán en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para que sea el Parlamento el foro donde se debata si tiene sentido de establecer este nuevo pilar de la protección social con una concepción similar a las de las pensiones no contributivas», ha añadido.
Por su parte, el secretario general del UGT ha llamado a ser «más ambiciosos y más comprometidos en la disposición de recursos» para combatir «una lamentable y peligrosa redundancia que es el aumento de la pobreza ya existente» por el efecto de las reformas y recortes del Gobierno.
La razón, a su juicio, es que los mecanismos de protección social «no están bien diseñados para la actual situación de crisis», como demuestra la forma en la que se han desbordado las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
Por ello, ha insistido en la necesidad de mejorar la prestación por desempleo, poner en marcha un plan de rentas mínimas para conectar las ya existentes y establecer la renta mínima garantizada, que, ha dicho, «no debe ser sustitutiva de las que ya existen».
«Después de definir el mapa de prestaciones de las comunidades autónomas, si el Gobierno no está en condiciones de hacerlo, la posición es defender esta renta mínima a través de una Iniciativa Legislativa Popular», ha abundado.
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