Casi un millar de funcionarios del Estado han pedido compatibilizar su puesto en la Administración con otra actividad, privada o pública, entre principios de año y el pasado 13 de octubre, acogiéndose así a la posibilidad abierta el pasado mes de marzo por un juzgado barcelonés, que dio la razón a un agente de la Guardia Urbana que quería compatibilizar su salario con un trabajo como abogado.
Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta al senador socialista Domingo Fuentes Curbelo, quien a través de una pregunta parlamentaria se interesó por conocer el número de empleados públicos que han solicitado una compatibilidad con otro empleo dados «los limitados sueldos y los recortes» que han sufrido en los últimos años.
En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno cifra en 968 los casos de este tipo que han tenido lugar entre el 1 de enero y el 13 de octubre. En concreto, 734 funcionarios pertenecientes a todos los ministerios han presentado solicitud de compatibilidad, 523 de ellos para actividades privadas y 211 para actividades públicas.
Además, se han registrado otras 234 peticiones, 189 referidas a puestos privados y 45 para una segunda actividad pública, desde otras instituciones y organismos privados como el Banco de España, Aena, Adif, Renfe, Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), Autoridades Portuarias, RTVE, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Navantia, Correos, Paradores o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), entre otros.
COMPENSAR RECORTES SALARIALES
El pasado 19 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona falló a favor de un guardia urbano de la Ciudad Condal que quería compaginar su puesto con una actividad asalariada como abogado, alegando que dicho trabajador había sufrido una pérdida de poder adquisitivo en los últimos años que obliga a dar una interpretación más flexible a la regulación sobre incompatibilidades en el sector público.
El juez mencionaba varias sentencias previas dando vía libre a ese tipo de compatibilidades, e incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) ratificando la posibilidad de ejercer la abogacía a un guardia civil, un cuerpo en el que las restricciones son más duras si cabe.
En la sentencia, se argumentaba que las caídas salariales sufridas por los funcionarios primero con los ajustes para entrar en el euro y, posteriormente, por la crisis financiera y económica les han llevado a unos niveles retributivos equivalentes a los de principios de siglo, e «incompatibles» con el nivel de vida actual.
«Cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los gobiernos de la Nación como un elemento más de política económica ya no puede seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de normas como la Ley de Incompatibilidades de 1984, porque los presupuestos de los que la misma parte no existen en la realidad de la actual Función pública española», alegaba el juez.
A raíz de esta sentencia, el sindicato CSI-F propuso al Gobierno que compensara a los funcionarios por la pérdida de poder adquisitivo sufrida y que flexibilizara la normativa de incompatibilidades.
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