Los sindicatos CC.OO. y UGT, junto con el grupo parlamentario Izquieda Plural, han demandado al Gobierno que apruebe la prestación dirigida a los parados de larga duración que ya no tienen ningún tipo de ingreso, que se comprometió a aprobar a lo largo de octubre en una reunión con los agentes sociales.
Así, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, ha recordado que el plazo ya se ha cumplido, pero ha mostrado su confianza en que «la situación pueda reconducirse».
«Para ello se necesitan medidas concretas que incluyan un plan de recuperación del empleo con financiación suficiente, tanto en políticas activas de orientación como en la creación de una prestación económica», ha expresado Bravo en declaraciones a los medios después de reunirse con Izquierda Plural en el Congreso.
Además, Bravo ha señalado que los efectos de estas medidas se tienen que aplicar con efectos desde el 1 de noviembre. «Es una exigencia que planteamos con independencia de que en los próximos días deberían producirse resultados», ha indicado.
Por su parte, Ferrer ha apuntado que, aunque se está trabajando en este aspecto en una fase avanzada, «aún se expresan diferencias». «Para UGT, lo fundamental es que los parados de larga duración, seis de cada diez, tengan oportunidades de empleo».
«Por eso hay que invertir en políticas activas, con estímulos de contratación, y con una cobertura suficiente de prestaciones para el tránsito hasta encontrar un empleo», ha añadido.
En este sentido, el diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) en el Congreso, Joan Coscubiela, ha destacado que «es imprescindible rescatar a las personas paradas de larga duración de la situación de pobreza». Asimismo, Coscubiela ha subrayado la propuesta de su grupo de crear una renta mínima garantizada de ciudadanía.
PRESUPUESTOS IRREALES
En relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las tres organizaciones han coincidido en destacar la dificultad para cumplir sus previsiones, tanto en términos de ingresos como en el gasto público.
Así, Bravo ha afirmado que los ingresos están «sobredimiensionados» y ha recalcado que es necesario incrementar las partidas de gasto para financiar algunos de los compromisos del Gobierno, entre los que ha destacado la convocatoria de la Mesa de l Función Pública, que todavía no ha sido convocada, un hecho que genera en el sindicato «excesiva preocupación».
LOS PGE ESCONDEN RECORTES «INMMORALES»
En la misma línea, Ferrer ha aseverado que el cuadro macroeconómico del Ejecutivo es «increíble», teniendo en cuenta el estancamiento de la zona euro, y ha enfatizado que la previsión de ingresos se basa «valoración optimista» de la evolución del consumo y la actividad.
Con respecto a los gastos, Ferrer ha destacado que, aunque se presenta un abandono de las políticas de ajuste, los PGE «esconden unos recortes claramente inmorales», como la reducción de un 15% de las prestaciones, además de incluir, por quinto año consecutivo, la congelación del salario de los empleados públicos.
Por último, Coscubiela ha asegurado que se trata de unos presupuestos «de espaldas al empleo y a las personas desempleadas», que además son «tremendamente injustos» en la distribución de los esfuerzos «y sobre todo de los beneficios» de la «supuesta recuperación».
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