La Inspección de Trabajo transformó 39.385 «falsos» contratos temporales en indefinidos

La Inspección de Trabajo transformó 39.385 «falsos» contratos temporales en indefinidos a lo largo del año pasado, y la actuación contra el fraude laboral ha permitido a la Seguridad Social recuperar 9.271 millones de euros en lo que va de legislatura.

   Así lo ha señalado este miércoles en el Pleno del Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al ser interpelada por el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto sobre la situación de «semiesclavitud» que sufren los trabajadores agrarios por la acción de las empresas de trabajo temporal (ETT).

   El diputado ha descrito la situación de los recolectores de naranja en la Comunidad Valenciana –aunque señalando que esas condiciones de trabajo se repiten a lo largo y ancho de la geografía nacional–, que sufren «jornadas de sol a sol por 24 euros al día cuando el convenio marca 49 euros», muchos pagos en especie o reducciones del salario por «cuestiones inverosímiles» como el alquiler de las herramientas, el traslado al campo o el «alquiler abusivo» de los «cuchitriles» donde se alojan.

   «Este tema no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la Seguridad Social», ha recordado el valenciano, que responsabiliza de esta situación en gran medida a las ETT, que propician la cesión de trabajadores para cubrir empleos estables haciendo uso de una posibilidad «legal pero manifiestamente injusta» y que permite «frecuentes abusos».

TOLERANCIA CERO

   En este sentido, Báñez ha asegurado que el Ministerio tiene «tolerancia cero» frente al fraude laboral, que afecta a empresas, trabajadores y Seguridad Social, y ha insistido en que luchar contra esta lacra es «una absoluta prioridad», como demuestran los resultados obtenidos hasta ahora.

   Y es que desde el inicio de la legislatura, en 2012, la Seguridad Social ha recuperado 9.271 millones de euros defraudados y sólo el año pasado se transformaron 39.385 «falsos» contratos temporales en contratos indefinidos, un 11% más que un año antes. De ellos, 1.700 falsos contratos se detectaron en los primeros nueve meses de este ejercicio en el sector agrario.

   Además, entre enero y septiembre los inspectores y subinspectores de Trabajo han realizado 18.000 inspecciones en el sector primario, con las que se han comprobado más de 4.100 infracciones que afectaban a más de 15.700 trabajadores, y se han aflorado más de 4.600 empleos. Así, se han recuperado 11,5 millones de euros de cuotas a la Seguridad Social y se han revisado 7.800 contratos.

   «Seguimos trabajando, porque nos queda mucho por hacer, pero no hemos parado ni un minuto desde el inicio de la legislatura en perseguir el fraude laboral y poco a poco nuestras medidas van dando sus frutos», ha destacado la ministra.

   A renglón seguido, ha defendido su estrategia de lucha contra el fraude laboral, que pasa por el refuerzo del marco normativo para «aumentar el reproche penal» a este tipo de delitos, el incremento de los medios humanos y materiales de la Inspección, la mejora de la cooperación entre diferentes departamentos del Estado y las comunidades autónomas, y la sensibilización social.

DENUNCIAS AL JUZGADO

   En este punto, la titular de Empleo ha asegurado que tanto en el sector del cítrico valenciano como en otros sectores agrarios o lugares geográficos se están realizando inspecciones tanto en las explotaciones como en los almacenes de manipulación, y que todas las irregularidades que se detectan y que tienen «relevancia penal» son remitidas a los juzgados o al Ministerio Fiscal.

   «Los controles están funcionando, y se investigarán irregularidades y abusos en el recurso a las ETT, así como a otras empresas de servicios», ha advertido Báñez, asegurando además que también se estudiarán «cualquier situación irregular en cualquier tipo de contratación», en referencia a noticias recientes sobre la existencia de ‘becarios recolectores’, aprovechando los nuevos tipos de contrato subvencionados por el Estado.

   En cualquier caso, ha recordado a todos los diputados que la lucha contra el fraude laboral es «trabajo de todos» y ha animado a todos los partidos, sindicatos, organizaciones o cualquier tipo de entidad o particular a «denunciar cualquier situación irregular que pueda conocer» para «entre todos hacer posible esa tolerancia cero contra un fraude que tanto daño hace cada día».

   Además, dirigiéndose en particular al diputado Sixto, la ministra ha pedido un «compromiso» de IU a la hora de analizar el escándalo de los fondos de formación en Andalucía, donde la coalición gobierna con el PSOE. «Pido a la Izquierda Plural que sea consecuente y coherente, y que facilite también todos los medios posibles desde el cogobierno de la Junta (para investigar este asunto)», ha indicado.

«EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO»

  «Dice que tienen tolerancia cero con el fraude, pero el movimiento se demuestra andando», le ha espetado Ricardo Sixto, avanzando que la moción que su grupo presentará a resultas de este debate, y que se votará a mediados de noviembre, incluirá una «completa batería de medidas» para acabar con estos abusos.

    Medidas que, a su juicio, han de ir «sobre todo» en la línea de «poner coto al mercado de las ETT en el campo», para que «en un plazo más corto que largo sean parte del pasado y no del presente o del futuro del país».

   Pero, adeTambién reclamarán más medios para la Inspección de Trabajo, cuyas plantillas son «claramente insuficientes» a día de hoy, así como una mayor colaboración con los sindicatos, que son los que «pueden ayudar» en esta materia pero que «están siendo sistemáticamente atacados». En cualquier caso, Sixto no cree que la política de sanciones sea efectiva, sobre todo cuando las multas quedan, en muchos casos, reducidas a cantidades insignificantes.

También reclamarán más medios para la Inspección de Trabajo, cuyas plantillas son «claramente insuficientes» a día de hoy, así como una mayor colaboración con los sindicatos, que son los que «pueden ayudar» en esta materia pero que «están siendo sistemáticamente atacados». En cualquier caso, Sixto no cree que la política de sanciones sea efectiva, sobre todo cuando las multas quedan, en muchos casos, reducidas a cantidades insignificantes.