La Comisión de Empleo del Congreso ha dado este miércoles luz verde al proyecto de ley de Mutuas con el voto a favor del PP y la abstención de UPyD y CiU, y ahora enviará el texto al Senado para continuar con su tramitación, durante la que los ‘populares’ se han ofrecido a seguir negociando mejoras con la oposición.
La norma pasa por eliminar burocracia en la tramitación de los expedientes de incapacidad temporal, que las mutuas podrán controlar desde el primer día aunque la decisión final del alta seguirá en manos de los profesionales sanitarios. Además, se fijan nuevas reglas sobre el destino de las reservas y los excedentes del sistema para que no haya recursos ociosos, se endurecen las normas de gobernanza, se limitan las retribuciones de los directivos, se amplían las incompatibilidades y se facilita el acceso a la prestación por cese de actividad.
La ‘popular’ Carolina España ha valorado las propuestas «constructivas» de los grupos de la oposición, y se ha comprometido a «seguir dialogando y negociando» en el Senado, sobre todo con formaciones como el PNV, con las que «hay más cuestiones que acercan de las que separan».
«Ni publificación de las mutuas ni privatización de la sanidad», ha proclamado a renglón seguido, defendiendo que con esta norma se mejoran la transparencia, la gobernanza y los controles de las mutuas, sin que ello signifique asignarles nuevas competencias. La diputada andaluza ha defendido, por último, el diálogo social que ha llevado al texto finalmente presentado.
COMPETENCIAS, INJERENCIA Y TRANSPARENCIA
La diputada socialista Concha Gutiérrez ha lamentado que este proyecto de ley no esté «avalado» por un «consenso social y un acuerdo político en el Pacto de Toledo», lo que garantizaría que fuera «de futuro y con vocación de permanencia». De hecho, su compañera Isabel López i Chamosa ya advirtió en el debate de totalidad que la norma duraría lo que la mayoría absoluta del PP.
En concreto, el principal partido de la oposición centra sus críticas en tres ámbitos: las competencias asignadas a las mutuas, su «injerencia» en el ámbito sanitario con la intención de «abrir brechas en los sistemas de Seguridad Social y sanitario para dejar entrar la gestión privada», y el control y la transparencia en la gestión de los recursos públicos por parte de estas entidades.
Por eso, proponen limitar la cobertura de las mutuas a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con carácter obligatorio, para que no se puedan «derivar los sectores de más riesgo» al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). «No hay datos de que las mutuas gestionen más eficientemente que las entidades gestoras, sino más bien al contrario», ha añadido Gutiérrez, poniendo como ejemplo el «fiasco» de la gestión de la prestación por cese de actividad de los autónomos.
Asimismo, el PSOE pretende evitar la «privatización de los servicios sanitarios» a través de las mutuas y en «perjuicio» del derecho de los trabajadores a la salud. Porque «no parece lógico que las decisiones sobre la recuperación de la salud de los trabajadores se ponga en manos de asociaciones privadas de empresarios», generando además «más burocracia».
«Somos partidarios de reforzar la Inspección médica, pero todas las competencias de control sanitario de la incapacidad temporal deben residenciarse en el Sistema Nacional de Salud, que es más eficaz, más barato y trata a todos los ciudadanos por igual», ha añadido la diputada.
Finalmente, ha defendido otras enmiendas para ir más allá de lo planteado por el Gobierno en materia de gobernanza, indemnizaciones, incompatibilidades, destino de los excedentes, controles y transparencia exigido a las mutuas. «Se avanza algo, pero se queda muy corto. Hay que cortar de raíz los comportamientos ilegales detectados», ha exigido Gutiérrez.
OPORTUNIDAD PERDIDA
El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, también cree que ésta ha sido una «oportunidad perdida» no sólo para el «diálogo y el consenso» sino también para «conseguir solucionar los problemas» del sistema de mutuas, generados por décadas de «modificaciones parciales y unilaterales» del modelo, y crear un marco legal «moderno».
En lugar de eso, se presenta un proyecto de ley «de sospechas» hacia los trabajadores, sus representantes y los profesionales sanitarios. «Es la ley del alta presunta o la baja sospechosa», ha añadido, recordando que «la policía sanitaria es del siglo XIX» mientras que lo típico del siglo XXI es «la prevención».
No obstante, el representante de la coalición sí valora los avances que se introducen en la gobernanza de las mutuas, si bien advierte de que la limitación de las retribuciones de los responsables de las mutuas no está recogida en los Presupuestos de 2015, pero insiste en que lo que más le preocupa es que no se resuelve la forma de actuar de las mutuas, que «pasan los riesgos más graves al sistema sanitario» para evitarse los costes.
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