CC.OO. ha puesto en marcha una campaña informativa para los posibles afectados por las denegaciones de jubilación anticipada, con el fin de que puedan conocer de primera mano qué deben hacer en cada caso, después de que el Ministerio de Empleo haya acordado con los sindicatos revisar todos los expedientes de jubilación que se han visto afectados tras la reforma laboral.
En un comunicado, el sindicato indica que las principales situaciones que han detectado entre sus afiliados son parados que han recibido de la Seguridad Social una resolución denegándoles la jubilación anticipada. En estos casos, el acuerdo entre sindicatos y Gobierno garantiza, según CC.OO., que el trabajador reciba una comunicación de la Seguridad Social revisando su expediente y pidiéndole que ratifique su solicitud de jubilación anticipada para volver a emitir una nueva resolución aceptándola.
También hay casos de parados que habían realizado una reclamación previa ante la Seguridad Social de la que todavía no tienen respuesta. En este caso, la Seguridad Social responderá aceptando la reclamación y autorizando la jubilación, según CC.OO.
Por su parte, aquellas personas a las que la Seguridad Social sí les había reconocido la jubilación anticipada, pero había realizado el cálculo de la cuantía con la normativa posterior a la reforma, ésta daba lugar a una cuantía inferior a la que hubiera resultado de aplicar la legislación anterior. En estos casos, CC.OO. afirma que la Seguridad Social procederá a recalcular la cuantía aplicando la regulación previa a la reforma, y preguntará por cuál de las dos opta.
El sindicato asegura que aunque el número de personas que ya se han visto afectadas se sitúa en torno a 1.500, según reconoce la propia Seguridad Social, habida cuenta de que sólo se ha aplicado el criterio restrictivo durante los meses de junio a septiembre, de no haberse logrado corregir la posición inicial del Gobierno, la cifra total de posibles afectados sería mayor que los 35.000 parados que admite el Ministerio de Empleo.
Según CC.OO., el acuerdo con los sindicatos obliga a la Seguridad Social a revisar de oficio todas las solicitudes de jubilación anticipada que han sido rechazadas en los últimos meses o se han calculado con reglas distintas a las garantizadas en la norma.
La última reforma de pensiones negociada por los sindicatos, en 2011, incluía una ‘cláusula de salvaguarda’ que protegía especialmente a todos los trabajadores que habían sido despedidos antes del 1 de abril de 2013 (fecha en la que se aprobó la reforma) y no volvían a encontrar trabajo, o lo eran después de aquella fecha pero como consecuencia de ERE previos a la misma, de modo que, en todos los casos tenían garantizado el acceso a la jubilación anticipada a partir de los 61 años con las reglas previas a la reforma.
Sin embargo, desde el mes de junio pasado el Gobierno cambió el criterio administrativo que utiliza la Seguridad Social para aplicar la ley y comenzó a denegar este derecho a los parados con convenio especial. Más de 35.000 parados se podrían haber visto afectados, según los datos ofrecidos en sede parlamentaria por el Grupo Parlamentario Popular. El principal efecto para ellos es que la Seguridad Social había comenzado a denegar su solicitud de jubilación anticipada o que ha utilizado otras reglas para calcular su cuantía.
Ante las denuncias presentadas, entre otros, por CC.OO., el Gobierno dio «marcha atrás». Gracias a ello, añade el sindicato, la Seguridad Social volverá a emitir resoluciones reconociendo el derecho a la jubilación anticipada a partir de los 61 años, de acuerdo con la ‘cláusula de salvaguarda’ pactada por las organizaciones sindicales en la reforma de pensiones de 2011.
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