El Gobierno y los sindicatos han acordado modificar el criterio en relación con el acceso a la jubilación anticipada, por lo que aquellas personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013 sin formar parte de un despido colectivo y manteniendo convenios individuales con la Seguridad Social podrán acogerse a la jubilación anticipada con 61 años en las condiciones anteriores a la última reforma de las pensiones.
Según ha informado el Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, la Seguridad Social actuará de oficio y reconsiderará la posición de todas las personas a las que se les denegó o bien la pensión o una cuantía de la misma de acuerdo al antiguo criterio, unas 1.500.
Asimismo, ha asegurado que se adoptarán las decisiones para resolver con la mayor urgencia todas las solicitudes que están pendientes de resolución. Además, ha indicado que las estimaciones de la Seguridad Social indicaban que podría haber en torno a 30.000 afectados en cuatro años y ha asegurado que con esta decisión «no se produce un incremento de gastos o de costes». «Estamos ante la posibilidad de que unos ciudadanos puedan acceder a una jubilación», aseguró.
De este modo, a la salida de una reunión con los secretarios de Protección Social de CCOO y de Política Social de UGT, Carlos Bravo y Carmen López, Burgos ha señalado que tanto el criterio anteriormente adoptado como el que se va a tomar ahora «se acomodan a la legislación vigente», pero que debe primar aquél que permita resolver «de forma precisa y definitiva cualquier contencioso que pueda surgir».
«Creemos que se da respuesta a las incertidumbres que se podían haber generado en relación con este mecanismo», ha asegurado Burgos. Asimismo, ha informado de que «en las próximas horas» se procederá a la redacción definitiva de la instrucción para que «a continuación ésta sea enviada a todas las direcciones provinciales de la Seguridad Social».
Burgos ha destacado que los criterios interpretativos «no son pétreos» y que «lo lógico es modificar el criterio si se atiene mejor al espíritu de la norma». «Con esto se zanja definitivamente esta cuestión y se atiende a las expectativas y a los derechos que inicialmente habían esgrimido las personas que se habían visto afectadas», aseveró.
Por su parte, Bravo ha destacado que «va a ser una solución completa, para el conjunto del colectivo», y que se va proceder al «recálculo de aquellas personas que han podido recibir una pensión inferior».
SE FORMALIZARÁ ANTES DE 48 HORAS
Asimismo, ha informado de que el acuerdo es «verbal», pero que el Gobierno se ha comprometido a completarlo «en un plazo inmediato, de entre 24 y 48 horas». El representante de la central sindical no ha querido dar un número concreto de personas que podrían haberse visto afectadas en los próximos años, pero ha asegurado que son «muchos miles de personas».
Por otro lado, ha mostrado la «satisfacción» de los sindicatos por la decisión, aunque ha querido recalcar que «no es el reconocimiento de un nuevo derecho», sino evitar «que se produjera un perjuicio para muchas personas en paro».
Por su parte, la representante de UGT ha querido destacar la «insistencia» de los sindicatos desde que se produjo el conflicto y también ha mostrado su «satisfacción», aunque ha asegurado que la instrucción adoptada anteriormente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social «carecía de legalidad».
Además, ha resaltado que se trata de un simple «cambio de interpretación», por lo que «no hay que hacer ninguna modificación en la norma». Paralelamente, ha recalcado la necesidad de que la instrucción esté «lo antes posible».
Finalmente, ha indicado que hasta que no reciban la nueva instrucción los sindicatos continuarán con la campaña de denuncia, y una vez que la tengan y sea aplicada se han comprometido «a retirar las reclamaciones previas» que habían presentado.
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