En el informe de Domenech, publicado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO, en el marco de la campaña de denuncia contra el Gobierno por sus continuos ataques a la libertad sindical y a la negociación colectiva, se recuerda que este disparate legislativo y la reforma del Código Penal es heredera del artículo 496.2 del Código Penal franquista cuyo redactado se mantiene casi intacto.
En un Estado Social los sindicatos tienen por misión constitucional defender los intereses sociales de los trabajadores/as (art. 7CE) y para ello se les dota de la libertad sindical (art. 28.1 CE), apoyada en la negociación colectiva (art. 37.1 CE), el conflicto colectivo (art. 37.2 CE) y la huelga (art. 28.2 CE). El Reino de España, en tanto que Estado Social, está vinculado por múltiples tratados internacionales que le obligan a tutelar y promover la libertad sindical.
Sin embargo, denuncia el informe de Domenech publicado por CCOO, la reforma laboral operada entre otras, por la ley 3/12, ha supuesto un enorme retroceso en materia de libertad sindical y negociación colectiva, puesto que ha comportado, resumidamente, el recorte de la autonomía colectiva, la priorización de los ámbitos donde existe menos fuerza sindical para negociar (la empresa por encima del sector), favoreciendo así el ‘dumping social’, la inaplicación de los convenios y la atribución a la parte social del riesgo del fracaso de las negociaciones, mediante la limitación a un año de la ultraactividad de los convenios. En este ámbito los datos hablan por sí solos: en 2012 se inaplicaron 748 convenios, mientras que en 2013 se inaplicaron 2512.
En este contexto de recorte de la autonomía colectiva, precisa el documento publicado por CCOO, espacio constitucionalmente privilegiado para encauzar los conflictos laborales en un Estado Social, es lógico que hayan aumentado los conflictos colectivos y las huelgas. A menos negociación más conflicto.
Por esa razón, concluye el informe de Domenech, se ha incrementado la conflictividad laboral en España, de forma que han aumentado en los años 2009-2014 las huelgas convocadas y los trabajadores/as que en ellas han participado, pasando, por poner un ejemplo, de 485.054 jornadas no trabajadas por huelga en 2011 a 1.290.114 en 2012, según cifras del propio Gobierno.
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