El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que quiere instar al Gobierno a establecer un subsidio de 426 euros mensuales para parados sin ingresos que tengan hijos a su cargo, y para otros colectivos vulnerables como las víctimas de violencia machista, los discapacitados en grado igual o superior al 33% y los parados mayores de 45 años que hayan agotado la Renta Activa de Inserción o se encuentren dentro del año anterior a la solicitud de ingreso en dicho programa.
La secretaria socialista de Empleo, Mariluz Rodríguez, ha explicado en rueda de prensa que la iniciativa, que se debatirá en la Comisión parlamentaria del ramo, podría beneficiar hasta a un millón de familias en dificultad –actualmente se calcula que hay unos 700.000 hogares sin ingresos en España–, que percibirían el 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento –actualmente 426 euros mensuales–, más cien euros adicionales por cada hijo a su cargo.
El subsidio, que se recibiría por períodos de seis meses renovables mientras la tasa de paro supere el 15%, se financiaría con cargo a los entre 5.800 y 6.000 millones de euros de ahorro en prestaciones que el Servicio Público de Empleo podría tener este año como consecuencia, según el PSOE, del menor número de parados con derecho a cobertura y de la reducción de la cuantía media, ya que actualmente se cobran más subsidios que prestaciones.
Al configurarse como subsidio, esta renta sería «un derecho» no asociado a ninguna obligación más allá de llevar un año inscrito en los Servicios Públicos de Empleo, y podría reclamarse con carácter retroactivo a partir del pasado 1 de agosto.
En la modificación de la Ley General de la Seguridad Social se debería especificar que el coste de esta medida no recaería en ningún caso en las comunidades autónomas. No obstante, sí sería incompatible con otras ayudas y prestaciones públicas, pero no estaría condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial.
En la iniciativa también se recoge la petición al Gobierno de que acuerde con las comunidades autónomas y los agentes sociales un Plan de Empleo «inmediato» y «específico» para parados de larga duración que incluya en todo caso el aumento de la dotación de los Servicios Públicos de Empleo con técnicos para la atención individualizada de los desempleados, alcanzando como poco los 3.000 orientadores y promotores que fueron despedido hace un par de años.
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