La empresa ‘Vinnell-Brown & Root Spain’ (VBR), gestora del mantenimiento de la base militar de Morón de la Frontera, ha comunicado a sus trabajadores la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 55 trabajadores de las instalaciones, lo que supondrá la eliminación de tres departamentos de pista.
En este sentido, el portavoz del comité de empresa,Javier Domínguez, ha detallado a Europa Press que el despido colectivo afecta 55 personas, todos ellos de los tres departamentos que desaparecen del pliego condiciones del nuevo contrato, como son abastecimiento de combustible, carga y descarga y parque móvil.
«Lo llevamos diciendo mucho tiempo y lamentablemente las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han dicho a VBR que ejecute el despido. Es una decisión de Estados Unidos y el Gobierno español debe intermediar y pararlo, despúes de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, indicó que iba a buscar una solución», añade.
En este sentido, recuerda que es el tercer ERE que sufren estos trabajadores, que se encuentran «muy mal de ánimo», teniendo en cuenta que es algo de lo que llevan advirtiendo desde hace tiempo, como en marzo cuando avisaron a Morenés de que «esto iba a ocurrir». «Creemos que es el momento de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y Morenés intenten solucionar la situación, porque se produce la militarización de los departamentos, aumenta el uso de la base y se despide a trabajadores españoles».
Lamenta que, pese a que hace tiempo que no había tanta actividad en las instalaciones, esto no repercute en el empleo, y alerta de que en marzo de 2015 habrá otro ERE porque están «desmantelando la plantilla española conforme van ampliando la actividad». Ante esta situación, los trabajadores han convocado una asamblea para el jueves donde analizarán posibles movilizaciones.
«El ERE no ha sido diseñado por VBR, sino por las Estados Unidos, que pide que se ejecute seis meses antes de la finalización del contrato el despido colectivo. Es una decisión establecida por el gobierno americano y la Junta y el Estado deben intentar presionar para pararlo y si quieren aumentar el uso de bases debe haber una contraprestación para la plantilla», concluye.
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