UGT ha reclamado este jueves al Gobierno que incremente las actuaciones de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo «en todos los sectores y empresas».
El sindicato ha denunciado que la Inspección redujo un 10% sus actuaciones en el ejercicio 2013, «con menos casos investigados, menos infracciones declaradas y una menor cuantía de las sanciones», y ello a pesar de que la siniestralidad laboral «no deja de aumentar».
Así, de acuerdo con sus datos, entre enero y marzo de este año se han registrado 277.857 accidentes laborales, un 5% más que en el mismo periodo de 2013, con un total de 148 trabajadores fallecidos, doce más que en el primer trimestre del año pasado.
El sindicato ha elaborado dos informes sobre esta materia en los que constata que se está produciendo «un aumento continuo» de la siniestralidad laboral en España, que UGT atribuye «al recorte de las condiciones de trabajo de la reforma laboral, la falta de políticas públicas en materia de prevención, y al hecho de que, para las empresas, la prevención «ha dejado de ser una prioridad».
En este sentido, la organización que dirige Cándido Méndez destaca que 32 trabajadores, trece más que el año pasado, fallecieron en el primer trimestre como consecuencia de accidentes ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa).
Para el sindicato, resulta «inexplicable» que se reduzcan las actuaciones de la Inspección de Trabajo cuando la siniestralidad está aumentando e «injustificable» que se queden sin investigar «numerosos» accidentes laborales de carácter grave o muy grave.
«Los culpables de la siniestralidad están claramente identificados. La temporalidad, la precariedad, la subcontratación y, en gran medida, la ausencia de prevención de riesgos laborales en las pymes está agrandando esta lacra social en nuestro país», subraya UGT.
Entre otras acciones, la organización solicita la inclusión del cuadro de enfermedades profesionales aprobado por la OIT en 2010, concienciar a las empresas de que la prevención no es un gasto, sino una inversión, y la creación de un fondo de compensación que ayude a los afectados por amianto.
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