El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) acumulaba a 31 de marzo de 2014 más de 201.600 expedientes sin tramitar que afectaban aproximadamente a unos 306.500 trabajadores, muy por encima de los 181.579 expedientes que estaban pendientes a 30 de septiembre de 2013, cuando se alcanzó la cifra más alta desde 2008.
Así lo reconoce el Gobierno a preguntas del diputado socialista Miguel Ángel Heredia. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo cifra en 201.673 los expedientes pendientes de tramitar. La comunidad con mayor acumulación es la de Cataluña, con 53.431, seguida por la Comunidad de Madrid, con 38.801; la Comunidad Valenciana, con 36.218; Andalucía, con 20.180; y Galicia, con 13.814 expedientes.
Muy lejos se sitúan Canarias, con 7.893; Murcia, con 6.842; el Principado de Asturias, con 5.130; Castilla y León, con 4.551; Aragón, con 3.968; Extremadura, con 3.837; Baleares, con 2.890; Castilla-La Mancha, con 2.275; Cantabria, con 996; País Vasco, con 503; Navarra, con 231; La Rioja, con 105; y Ceuta y Melilla, con ocho.
Por provincias, las más afectadas por esta situación son Barcelona, donde el Fogasa acumula 42.994 expedientes sin tramitar; Madrid, con 38.801; y Valencia, con 26.381. Por su parte, las que menos atasco tienen son Segovia y Ceuta, con tres; Melilla, con cinco; Soria, con seis; y Huesca, con ocho.
ESTIMACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS
El Ejecutivo también hace referencia en su respuesta a los trabajadores afectados por esta situación, si bien precisa que los expedientes ante el Fogasa pueden ser de diverso tipo, ya que pueden ser individuales o colectivos, lo que obliga a que el dato sea únicamente una «estimación».
En cualquier caso, el Ministerio de Empleo calcula que hay unos 306.542 trabajadores esperando a que el Fondo de Garantía Salarial resuelva su situación, la mayoría en Cataluña (81.215), en la Comunidad de Madrid (58.977) y en la Comunidad Valenciana (55.051), aunque también presentan cifras elevadas las regiones de Andalucía (30.673), Galicia (20.997), Canarias (11.997) y Murcia (10.399).
Por su parte, en Ceuta y Melilla se calcula que hay una docena de trabajadores afectados, mientras que en La Rioja son 159, en Navarra, 351; en el País Vasco, 764; en Cantabria, 1.513; en Castilla-La Mancha, 3.458; en Baleares, 4.392; en Extremadura, 5.832; en Aragón, 6.031; en Castilla y León, 6.917; y en Asturias, 7.797.
Por provincias, la mayor parte de trabajadores que esperan una resolución del Fogasa se concentran en Barcelona (65.350), Madrid, (58.977) y Valencia (40.099), mientras que las menos afectadas por los retrasos son Ceuta y Segovia (cuatro cada una), Melilla (siete), Soria (nueve) y Huesca (doce).
SE PONDRÁ AL DÍA EN OCTUBRE
El Gobierno reconoce por último que no puede anticipar si los expedientes serán aprobados, denegados o desistidos, por lo que «tampoco se puede saber cuántos trabajadores tienen derecho a cobrar» ni qué cuantía será necesario abonar.
El pasado 28 de mayo, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, avanzó en el Senado que el Fondo de Garantía Salarial está resolviendo 16.000 expedientes mensuales, con lo que espera ponerse al día de los 150.000 acumulados hasta 2011 el próximo mes de octubre.
Además, en otra respuesta parlamentaria del pasado mes de febrero, el Ejecutivo cifraba en 216 días la antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fogasa, si bien los más antiguos datan de 2012, con algunas «excepciones» anteriores que «o bien están pendientes de anulación por duplicación o bien tienen una problemática compleja».
Esta situación se debe, según el Gobierno, a un «aumento de solicitudes a causa de la crisis económica», que ha provocado que «en varias unidades provinciales del organismo se hayan acumulado un número muy alto de expedientes pendientes de tramitación».
Para aliviar la situación, el Fogasa aumentó su plantilla en 136 efectivos el año pasado, con lo que el personal cerró el ejercicio con 407 trabajadores, más que los 395 de un año antes aunque por debajo de los 410 que había en 2011 o los 416 de 2010. Además, el Fogasa ha convocado dos concursos de cobertura de vacantes para completar la plantilla y se han puesto en marcha grupos de trabajo de funcionarios que, fuera de su jornada, ayudaban a agilizar las tramitaciones.
Asimismo, trabajadores de provincias con menor carga de trabajo han resuelto también expedientes de otras zonas del país, se han nombrado funcionarios interinos y se han cubierto las vacantes de todos los niveles para que «la plantilla tenga una ocupación completa».
También se ha llevado a cabo un «proyecto de apoyo a las tareas instrumentales» de Fogasa para reducir el tiempo medio de tramitación de los expedientes acumulados –una acción «temporal y transitoria que desaparecerá al eliminar la bolsa de estos casos», precisa el Gobierno–, y se ha encomendado a la empresa pública estatal Tragsatec algunas labores de apoyo e instrumentales al fondo.
El año pasado, el Fogasa destinó 1.373,6 millones de euros al pago de prestaciones (salarios e indemnizaciones) a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, lo que supuso un 10,2% menos que en el ejercicio anterior. Para este año, hay presupuestados 1.348 millones de euros, aunque el Gobierno no descarta asignar más fondos si es necesario.
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