Tres ejecutivos del BBVA podrán cobrar hasta 122 millones de euros y cuatro del Santander, 41 millones

Los ejecutivos exigen unos blindajes de oro

Los directivos de las empresas quieren indemnizaciones millonarias en caso de despido. Las OPA y las operaciones corporativas han avivado las cláusulas de garantía, que se extienden al cese voluntario y al compromiso de no fichar por la competencia. Tres ejecutivos del BBVA podrán cobrar hasta 122 millones de euros y cuatro del Santander, 41 millones.

La transparencia sigue siendo una asignatura pendiente para las grandes empresas. Los accionistas siguen si conocer la existencia real y los términos de los contratos blindados de sus ejecutivos y miembros de la alta dirección. Tampoco tienen acceso a la información de quienes son los 307 ejecutivos de las empresas del Ibex 35 que gozan de una indemnización en caso de despido o cambio de control que, según los expertos, «puede ocultar cantidades astronómicas y una pesada carga para la sociedad». Y lo mismo sucede con los sueldos, aunque algunas empresas han hecho un mayor esfuerzo informativo.

Los pocos datos que facilitan en el segundo año de autorregulación del Gobierno Corporativo, según la encuesta de la CNMV inspirada en las recomendaciones del Código Olivencia de Buen Gobierno y del denominado Informe Aldama, son meramente estadísticos en la mayoría de los casos. Además, se confunden en una nebulosa de otras compensaciones económicas que se han extendido a causas como el cese voluntario, fallecimiento e invalidez. A todo esto hay que añadir las dotaciones de fondos de pensiones y seguros. El aumento de las operaciones corporativas o los asaltos por el control de las empresas han incrementado estas cláusulas que deciden los consejos de administración, en el que participan los consejeros ejecutivos que se otorgan este tipo de blindaje, como en los casos de BBVA o Endesa.

Sólo los bancos más grandes, el Santander y el BBVA, informan de algo más, quizá por su presencia en los mercados anglosajones, donde los escándalos han endurecido la exigencia de transparencia, o porque a partir del año que viene el nuevo Código Unificado sobre Gobierno Corporativo de las empresas forzará a otra vuelta de tuerca a la información.

Pero no hay que hacerse ilusiones porque este Código, que se le ha bautizado con el nombre del actual presidente de la CNMV (Manuel Conthe), sólo contempla recomendaciones. Y, por tanto, será voluntaria la necesidad de informar de forma individualizada de todos estos blindajes. Hay que esperar a ver quién abre el melón.

Otra novedad es que se recomienda que la política de retribuciones y de blindajes se someta a votación en la junta general de accionistas, algo que hasta ahora no se producía. Los expertos dicen que «no se trata ahora de que los directivos no tengan derecho a percibir estas compensaciones, ya que son los que marcan los destinos de las empresas y quienes más hacen por incrementar el beneficio a los accionistas, sino de hacerlas transparentes». Carmen Povedano, directora de Consultoría de Capital Humano de Watson Wyat, señala que «se trata de prácticas internacionales y que seguramente, sobre todo en los bancos, no son tan desorbitadas como parece, pero hay que conocerlas con detalle para que se puedan comparar». «No hay que olvidar que las empresas españolas tienen cada vez una mayor dimensión internacional y es obvio que intenten hacer lo mismo en materia de blindajes, pero deben ser aprobados por la junta de accionistas», añade.

Salvador Espinosa de los Monteros, responsable de Human Capital Services, la división de consultoría de recursos humanos de Garrigues, considera que «los blindajes han surgido con el objetivo de suplir la ausencia de regulación de esta materia y que cada vez es mayor la trasparencia de las sociedades cotizadas para adaptarse a las exigencias nacionales y al entorno económico». De todas formas», añade, «con la entrada en vigor del Código Conthe, una exigencia de la UE, va a aumentar esa transparencia porque las empresas tendrán que explicar también por qué tienen esas retribuciones y blindajes». «No hay que olvidar», puntualiza, «que muchas de nuestras cotizadas pretenden liderar el ranking de información y este esfuerzo va a seguir».

Más escéptico es Juan Belda, presidente de la agencia de cazatalentos Juan Belda & Partners. «Aún falta un modelo de referencia en la transparencia y en la ética de los directivos, y esto se traslada a todas las demás empresas sea cual fuere su tamaño».

Mientras tanto, los encargados de elaborar los informes de Gobierno Corporativo y las Memorias de las empresas, ya han celebrado reuniones para buscar una fórmula común de actuación.

Según Manuel Conthe, presidente del organismo supervisor, «los blindajes con que se protegen algunos directivos españoles son escandalosos. Salen de los beneficios de las empresas y son a costa de todos los accionistas».

Conthe, del que por cierto no existe constancia pública de sus retribuciones o de su posible blindaje a pesar de que existe una Ley de Buen Gobierno para los altos cargos públicos, ha criticado en muchas ocasiones a «aquellos empresarios que son capaces de acusar de excesivo proteccionismo al Estatuto de los Trabajadores (la indemnización por despido improcedente es de 45 días por año, aunque muchos empleados sólo pueden acceder a 33 días), cuando al mismo tiempo tienen blindajes millonarios para sus directivos». «Que las observaciones hechas por CCOO hayan coincidido en este sentido con las recibidas de algunos fondos de inversión anglosajones, debería ser motivo de reflexión», añade.

Según los datos del último Informe Gobierno Corporativo de 2005 remitido a la CNMV por las 35 empresas que conforman el Ibex, sólo ocho (Altadis, BBVA, Corporación Mapfre, FCC, Indra, Red Eléctrica de España, Telefónica y Unión Fenosa), es decir, el 20%, informan de la existencia de los contratos blindados en las juntas. Pero no dicen a sus accionistas en qué consisten dichos blindajes ni qué ejecutivos disponen de la cláusula. Además, sólo hay cinco empresas (Banco Popular, Bankinter, Cintra, Fadesa, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso), el 17%, que dicen no tener blindaje alguno, aunque existe letra pequeña. Por ejemplo, Ferrovial señala la inexistencia de blindajes, pero a la vez indica que ocho de sus ejecutivos tienen 45 días de indemnización por año trabajado y siete de ellos una retribución extraordinaria mediante un seguro de ahorro colectivo. Esta suele ser una de las fórmulas para enmascarar las compensaciones. Se remiten al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores cuando la Ley no permite que se acojan a él, ya que los contratos de dirección sólo tienen derecho a una indemnización de siete días. Así mulplican por siete su indemnización.

El caso es que de los 535 ejecutivos del Ibex que podrían disponer de blindaje (97 consejeros ejecutivos y 439 miembros de la alta dirección), 307, es decir, el 70%, disponen de dicha cláusula, frente a los 293 del año anterior. Endesa (31 blindajes); Santander (25) e Iberia (20), son las empresas con mayor número de directivos con coberturas. Por su parte, Banco Sabadell, BBVA, Corporación Mapfre, Indra, Acerinox, NH Hoteles, y Repsol son las únicas empresas que tienen blindados a todos los componentes de sus cuadros directivos, mientras que Abertis, Antena 3 de TV, Telecinco, Prisa, Metrovacesa, Inditex y ACS son los que proporcionalmente tienen menos ejecutivos blindados. Pero, también en este apartado hay letra pequeña. Por ejemplo, Iberdrola indica en su informe que en realidad tiene 89 directivos, de los que matiza que 15 son miembros de la alta dirección de la entidad, que tienen contratos con cláusulas de garantía como compensación por su fidelidad. Pero no facilita más datos. Es el caso también de Enagás y de Metrovacesa, que reconoce 21 compromisos de fidelización. También existen indemnizaciones -por ejemplo el BBVA así lo indica- de no competencia. Es decir, los ejecutivos recibirán una cuantía por no irse a otra entidad en caso de cese o salida voluntaria. Según los expertos, estas cláusulas contemplan una mayor indemnización en el primer año de vida del contrato y se va reduciendo con el transcurso del tiempo.

Con los datos disponibles, resulta complicado calcular las compensaciones, porque la mayoría de las empresas no facilita el sueldo de cada ejecutivo. Suele darse de forma agregada. Los más precisos son el Santander y el BBVA. El banco que preside Francisco González además de tener blindados a los 18 miembros de su cuadro directivo señala en su Informe de Gobierno Corporativo que sus tres consejeros ejecutivos (presidente, consejero delegado y consejero secretario general) tienen reconocido contractualmente el derecho a percibir una indemnización «en el caso de cese por causa que no sea debida a su propia voluntad, jubilación, invalidez o incumplimiento grave de sus funciones», que asciende a 122,6 millones de euros de forma agregada, frente a los 100 millones del año pasado. Es decir, que si el reparto fuera proporcional, tanto González como Ignacio Goirigolzarri y José Maldonado tocarían a casi 41 millones cada uno. Aunque no se especifica, la proporción real será distinta, ya que González, y Goirigolzarri, serían los más beneficiados.

El Santander indica que tiene a 25 directivos blindados (de los 27 posibles), aunque sólo informa de las cláusulas de cuatro de los cinco ejecutivos (excluye a Emilio Botín). La entidad matiza que si la extinción del contrato se produce por causa imputable al banco, Matías Rodríguez, vicepresidente tercero y consejero, pasará a la situación de prejubilación. En este caso, devengará un complemento de pensión de 1,8 millones. La misma situación se produciría para Francisco Luzón, consejero y director general de la división de América. Recibiría en este supuesto 1,9 millones. En el caso del actual consejero delegado y vicepresidente segundo, Alfredo Sáenz, que es el directivo que más cobra en España (en 2005 percibió 7,1 millones de euros y tiene 49,4 millones acumulados entre pensiones devengadas y seguros) se señalan dos opciones: indemnización o jubilación. Por la primera recibiría 3,4 millones (el 40% de su salario fijo anual) multiplicado por el número de años de antigüedad en banca con el límite de 10 veces ese salario. Así, su indemnización podría ser de 34,21 millones. Si optara por la jubilación, le corresponderían 26,4. En el caso de Ana Patricia Botín, consejera, percibiría hasta cinco veces su salario anual de cuatro millones.

Francisco Núñez