Los sindicatos UGT y STAS han dicho a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que elimine asesores para readmitir a los casi 500 interinos despedidos en agosto de 2012 y han pedido al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, y al director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, que tomen ejemplo del consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y presenten su dimisión.
Así han reaccionado los sindicatos después de que Cospedal haya anunciado que la Junta pedirá «seguramente» al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) una «aclaración» de la sentencia que condena a la Junta a readmitir a estos interinos para saber de qué manera tiene que aplicarla y preguntará con cargo a qué partida presupuestaria tienen que ejecutar esta medida.
La rueda de prensa la han ofrecido la secretaria regional del Sector Autonómico de FSP UGT, Beatriz Tormo; la secretaria regional de FSP UGT, Carmen Campoy; el secretario regional de STAS, Gustavo Fabra; y el representante de STAS-Intersindical, Anastasio Lorente.
Los sindicatos también han anunciado que convocarán asambleas para pedir la ejecución de la sentencia y solicitar la dimisión de Esteban y De la Fuente y «si no nos hacen caso», han avisado, no descartan iniciar movilizaciones y volver a salir a la calle.
Tras hacer un recorrido por todo lo que ocurrió en agosto de 2012 cuando el Gobierno regional publicó las órdenes del día 20, que suponían la supresión de unas 700 plazas de empleados públicos, de las cuales casi 500 estaban ocupadas, los sindicatos han afirmado que era la primera vez que se llevaba una negociación «con hora tope» y han negado que dentro de la Consejería entrara la policía.
Sobre el recurso ante el Tribunal Supremo que ha anunciado la Junta, los sindicatos han subrayado que la sentencia del TSJCM está basada en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por lo que «deja pocos flecos abiertos», y avisan que cada mes que pase habrá 500 personas que van a seguir cobrando salarios, por lo que estiman que los 14 ó 15 millones que costará la sentencia, en año y medio puede convertirse en 28 millones.
RAYO DE ESPERANZA
Asimismo, los sindicatos creen que esta sentencia supone «un rayo de esperanza» para los interinos que fueron despedidos en agosto de 2012. «Gracias a su lucha y su dignidad se ha conseguido esta sentencia», han manifestado los representantes de UGT y STAS, quien creen que el Gobierno ha convertido las mesas de negociación «en mero trámite» con el único objetivo de adelgazar la administración.
Igualmente, han solicitado al Gobierno alcanzar un acuerdo para «colocar» a estos interinos, al tiempo que le piden la convocatoria de una oferta de empleo público. UGT y STAS creen que la Junta se va a oponer a ejecutar la sentencia y que va a pedir una suspensión cautelar de la misma, algo que podría provocar un «perjuicio difícil de reparar». Por ello le piden que tome una decisión meditada, se depuren responsabilidades y se gobierne por y para los ciudadanos.
Finalmente, han aprovechado la rueda de prensa para recordar al Gobierno de María Dolores de Cospedal las sentencias que existen en su contra y aconsejarle que retire el Plan de Recursos Humanos que afecta a la plantilla de conductores de los parque móviles de la región para evitar que los tribunales le vuelvan a quitar la razón.
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