La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias por las que el empresario fue imputado el pasado mes de junio por el juez Pablo Ruz por delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción había presentado escrito de acusación contra él solicitando 14 años de prisión.
Fuentes de la defensa de Carceller y de la de su padre, Demetrio Carceller Coll, para quien se piden 48 años y seis meses de cárcel también por fraude fiscal, han señalado a Europa Press que en otro auto de fecha 26 de diciembre la misma Sala dictamina que se han vulnerado los derechos de este último, hurtándole la posibilidad de presentar con tiempo suficiente un informe pericial de parte para que pudiera contrarrestar los hechos que se le imputan.
En este sentido, la Audiencia Nacional revoca el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez Pablo Ruz contra Carceller Coll y fija en dos meses el plazo para la práctica de la citada pericia. Al retrotraer las actuaciones para la práctica de dicha prueba quedan sin efecto los escritos de acusación, el auto de apertura de juicio oral y la exigencia de fianza, si bien el empresario continúa imputado en el procedimiento.
El pasado 4 de noviembre Ruz impuso al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, fianzas de 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas por las que podrían ser condenados como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
IMPUTACIÓN TARDÍA Y EXTRAÑA
En el auto dictado este jueves por los magistrados Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz-Polanco, del que ha sido ponente este último, la Sala estima los argumentos del abogado José Antonio Choclán y señala que «produce cierta extrañeza» que aunque las actuaciones se iniciaran por Ruz en junio de 2009 Carceller Arce no fuera imputado hasta el pasado mes de junio.
«Tras el examen de lo actuado, resulta cierto de toda certeza que los datos consignados como inculpatorios tomados en consideración en dicho auto -6 de junio de este año- preexistían con notable anterioridad al mismo, sin que (…) se añadan otros datos novedosos (…) como resultado de ulterior investigación que permitieran la también novedosa imputación», señala el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Añade la resolución de la Sala que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 «se limitó a asumir la solicitud del Ministerio Fiscal sin sumar a sus alegaciones consideración alguna autónoma, de cosecha propia, seguramente por estimar (…) que ya se concretará la imputación y que es mejor dejar las cosas para el plenario (…)».
La Fiscalía atribuía a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (EE.UU.), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.
Su defensa negaba este extremo y sus argumentos son acogidos ahora por la Sala, llamando la atención sobre el hecho de que por dichas actividades viniera siendo imputado, desde el inicio del procedimiento hace cuatro años y hasta el pasado junio el empresario Javier Ribas, cuya implicación fue revocada precisamente en el mismo auto en el que se incluyó la del presidente de Damm.
En su recurso de la apelación, la defensa incidía en que «sin duda habrá pesado en aquella decisión la circunstancia de que el señor Ribas es hijo de doña Manuela Vila Adroher, que ha presentado declaraciones complementarias y regularizado su situación tributaria» con Hacienda.
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