Recursos Humanos RRHH Digital Varios exconsejeros de Caixa Catalunya que han declarado este miércoles ante el juez como imputados han reconocido que habitualmente acudían sin consultar previamente los informes a las votaciones del consejo, donde entre otras cosas se aprobaron los sueldos presuntamente desproporcionados de la excúpula.
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, varios de los 12 exconsejeros que han comparecido ante el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona han explicado que antes de acudir al consejo sólo recibían por correo electrónico el orden del día, y que una vez comenzadas las intervenciones se les facilitaba un resumen de los informes que leían allí mismo sobre la marcha antes de votar.
Los que eran consejeros en 2010 tenían a su disposición la documentación íntegra pero habitualmente no la consultaban, tal y como han reconocido que sucedió en las sesiones en que se aprobaron los sueldos del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y del exdirector de la entidad Adolf Todó.
Los miembros del consejo de administración que han declarado este miércoles –aproximadamente la mitad representantes de diputaciones catalanas y la otra mitad de los impositores– se han escudado en que aprobaron los sueldos porque tenían el aval del Banco de España.
Según han explicado fuentes judiciales, los exconsejeros justificaron la aprobación de los sueldos también en base a que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) los avaló al igual que hicieron instituciones europeas, en la misma línea de lo que afirmaron en su declaración como imputados Serra y Todó.
MÁS INTERROGATORIOS
Las declaraciones de este miércoles forman parte de la ronda de interrogatorios a la cincuentena de miembros del consejo de administración imputados –de los que la mayoría votaron a favor de los sueldos– y que continuará el lunes.
Los interrogados este miércoles se han limitado a responder a las preguntas del juez Josep Maria Pijuan y del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, y se han negado a contestar a las acusaciones populares representadas por la CUP y Ausbanc.
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