La Ley de Emprendedores será aprobada definitivamente la próxima semana

RRHH Digital Los grupos del Senado han presentado 413 enmiendas y seis vetos al proyecto de Ley de Emprendedores, cuya tramitación de urgencia ha provocado también las protestas de los partidos de la oposición ante el Gobierno. La norma será aprobada el próximo miércoles en el Pleno, tras solventarse en una única sesión de la Comisión de Hacienda tanto la ponencia como todas las propuestas de modificación parciales.

Los grupos expresaron sus quejas este martes en la Junta de Portavoces, aunque sin ninguna consecuencia, según fuentes parlamentarias. Así, la comisión en la que se debatirán todas las propuestas está convocada para el jueves y el texto será debatido y votado finalmente el miércoles 11 de septiembre en Pleno.

Y todo después de que la Cámara Alta habilitara el mes de agosto para la presentación de enmiendas, plazo que concluyó este martes. Visto el calendario, los grupos expresaron su protesta porque sólo tendrán 48 horas para estudiar más de 400 enmiendas, pero el Gobierno reiteró que quiere que el proyecto se apruebe y entre en vigor cuanto antes.
Seis vetos

En concreto, se han presentado seis vetos, de PSOE, PSC e ICV (componentes de la Entesa), PNV, IU y ERC, y 413 enmiendas de todos los grupos parlamentarios incluidas tres del PP, que son las únicas que previsiblemente se aprobarán, lo que obligará a remitir el texto una vez más al Congreso para su debate en sesión plenaria.

En su enmienda de totalidad, los socialistas critican el «escaso alcance» de las medidas incluidas en esta norma, que suponen a su entender una «mera puesta en escena para hacer creer a los agentes económicos que el Gobierno cumple sus promesas, aunque sea con retraso, y que supuestamente lo habría hecho con medidas eficaces y largamente demandadas y esperadas».
 

Sin embargo, consideran que el criterio de caja en el IVA «no es real, sino una mera demora en el ingreso», creen que en los beneficios fiscales se ha «obviado resaltar condiciones y exigencias que limitan de forma clara su alcance», que el nuevo ‘emprendedor de responsabilidad limitada’ sólo fija una «parcial limitación» a la embargabilidad de la vivienda, y que no se incluyen mejoras para afrontar el principal problema de los emprendedores, es decir, la falta de crédito.
«Otra decepción»

En la misma línea, el PSC señala que esta ley es «otra decepción, un nuevo engaño y una nueva promesa incumplida» en aspectos como el IVA de caja, además de que no se soluciona la restricción al crédito, ni se aplican beneficios fiscales de amplio alcance ni se mejora la legislación en vigor con respecto a los mecenas. Asimismo, afirman que el texto es «muy disperso y heterogéneo» por lo que generará «incertidumbre e inseguridad jurídica».

Por su parte, IU e ICV plantean argumentos idénticos en sus respectivos vetos, en los que argumentan que el Gobierno ha partido de un «diagnóstico equivocado» para plantear una reforma «confusa y técnicamente defectuosa». «No parece entenderse que, entre otros factores, el elevado desempleo, y el juvenil en particular, responde a nuestro deficiente modelo productivo y a la propia gestión de la crisis en forma de austericidio», señalan.

Así, coinciden en que hace falta afrontar el problema de la falta de financiación, que aboca a una alta mortalidad a las pymes, y advierten de que la nueva figura del ‘emprendedor de responsabilidad limitada’ podría incluso agravar esa falta de acceso al crédito. Por contra, el Ejecutivo no ha planteado ninguna medida «eficaz» de estímulo de la demanda, sin las cuales «no hay apoyo a los emprendedores que valga».

Por último, critican que se potencie la iniciativa individual sin considerar las iniciativas colectivas y la economía social, y rechazan de forma particular los cambios en extranjería para atraer investigadores e inversores de otros países cuando «se está expulsando a cerebros patrios, se desmantela el sistema de investigación y desarrollo, o se vulneran los derechos humanos de trabajadores inmigrantes pobres por no tener papeles».

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, centra la argumentación de su veto en la falta de alusión de la ley a la economía social y las cooperativas, que deberían ser tenidas en cuenta como una alternativa «capaz de generar ocupación estable y de calidad» en una época de crisis como la actual; mientras que el PNV rechaza el proyecto por vulnerar competencias autonómicas y por no hacer referencia al trabajo autónomo.
Enmiedas parciales

En cuanto a las enmiendas parciales -413 en total-, es previsible que sólo se acaben incorporando al texto las tres propuestas del PP, que supondrán por una parte reducir de 15 a 10 millones el capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) a la par que se les exige unos recursos propios computables no inferiores a 15 millones de euros, calculados de acuerdo con la definición que fije el Banco de España.

De este modo, argumentan los ‘populares’, se busca «conjugar un incremento del capital social elevado con un incremento de los recursos propios computables», de tal manera que la solvencia se calcule con una evaluación cuantitativa «global».

Por otra parte, se precisa que la exención en el pago de aranceles a cualquier operación registral que paguen las administraciones públicas o la Seguridad Social no entrará en vigor hasta que se ejecute la demarcación registral por real decreto. «La sostenibilidad actual de los registros aconseja no adoptar medidas aisladas que puedan generar disfunciones en el mantenimiento económico de las oficinas y del servicio público registral», explican.