RRHH Digital El juicio contra el ERE pactado en enero en Paradores de Turismo, que afectó a 350 trabajadores, ha quedado visto para sentencia tras la vista celebrada este martes en la Audiencia Nacional en la que la dirección de la compañía ha defendido la legitimidad de la comisión negociadora y ha justificado el expediente ante las pérdidas registradas los últimos años.
La Audiencia Nacional admitió a trámite la semana pasada las demandas de impugnación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Paradores presentadas por los sindicatos minoritarios CUT y CGT, así como por el Comité de Empresa de Santiago de Compostela.
En la vista judicial de este martes por la demanda de impugnación, a la que se adhirió también el sindicato gallego CIG, los demandantes aludieron una falta de legitimación de la comisión negociadora y la «insuficiente» justificación de los datos económicos para acometer el ERE.
La defensa, representada por un abogado del Estado, sostuvo que el comité intercentros, compuesto por los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, tenía competencia para negociar el ERE al haber sido establecido así por las secciones sindicales.
En este sentido recordó que el comité intercentros contaba con las facultades para negociar el ERE tal y como se estableció en su momento en el laudo de agosto de 1999, y que los sindicatos CC.OO. y UGT disponen de una representatividad del 97% de la plantilla frente a la menor representación de entre el 2% y el 1% de los sindicatos CGT, CIG y CUT.
Además, adujo unas pérdidas de 87,5 millones de euros en el período 2007-2012, que aumentaron a 107,8 millones de euros en 2012-2013, avaladas por un informe realizado por el economista Juan Carlos Rosillo, que acudió a la vista en calidad de testigo, así como un consultor que destacaron la caída de la demanda interna como factor determinante de la situación de la compañía.
FALTA DE CONSULTA CON LOS SINDICATOS MINORITARIOS.
El abogado del sindicato CGT explicó que la supuesta vulneración de derechos fundamentales de las centrales minoritarias se produjo al haber sido excluidas de las negociaciones del acuerdo alcanzado el 2 de enero, obviando los convenios colectivos y comités de empresa propios de los paradores deSantiago de Compostela y León.
En esta línea, el letrado objetó que «la empresa no comunicó correctamente el inicio del periodo de consultas» y que la representante sindical del sindicatoCIG no habría sido citada para acudir a la comisión negociadora.
De igual forma, reiteró su petición de declarar nulo el ERE argumentando que la empresa acordó en agosto de 2012 en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) que no iba a adoptar medidas de pérdidas de empleo directo, tras lo que procedió en cambio al despido colectivo.
Otro de los motivos expuesto por los demandantes fue que «no se puede considerar a Paradores como una empresa privada más», sino que «en sus estatutos se ve una función de interés general», de servicio al ciudadano por lo que «debe considerarse como Administración Pública«.
Para solicitar la nulidad del ERE los sindicatos minoritarios arguyeron que las pérdidas «no implican la puesta en peligro de su viabilidad futura» y que «se han imputado a Paradores gastos que no le corresponden».
Según expuso el letrado, estos gastos tenían que haber sido atribuidos al Estado a través de Turespaña, en concreto unos 91 millones de euros de inversiones realizadas en los paradores de Cádiz y Alcalá de Henares.
El juez ha establecido tres días para la valoración de una prueba documental presentada por Paradores a petición del abogado del sindicato CGT.
172 ADHESIONES VOLUNTARIAS AL ERE.
El expediente pactado en enero con los sindicatos mayoritarios, CC.OO. yUGT, ha supuesto finalmente el despido de 350 trabajadores de la red de establecimientos de alta categoría, 294 menos que los 644 inicialmente previstos, y unos 172 empleados se han adherido voluntariamente.
El plan de reestructuración ha conllevado también un ERE temporal para 400 trabajadores con una reducción del 25% de su jornada, el cierre temporal de siete establecimientos, cierres de comedores, y otras medidas como la pérdida de complemento por Incapacidad Temporal (IT), la supresión de los días de asuntos propios y una rebaja salarial de entre el 1% y el 3%.
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