RRHH Digital El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha defendido el instrumento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), de forma que considera que «si alguien ha metido la mano, que se le juzgue y se le castigue y si alguien ha cometido irregularidades, que lo pague» pero considera que «ni la juez (Mercedes) Alaya ni nadie puede echar por tierra un instrumento, los ERE, que ha permitido que el drama del desempleo no sea todavía mayor en nuestra Comunidad».
Ha precisado que «desde 2002 hasta hoy, más de 25.000 trabajadores consiguieron esquivar la exclusión social gracias a procesos de regulación de empleo, 6.000 de ellos con prejubilaciones, y hay miles de empresas que hoy siguen en activo gracias a que, en su día, pasaron por un ERE».
«Con este instrumento laboral, se ha salvado empleo, empresas, se han conseguido recolocaciones, indemnizaciones y prejubilaciones a trabajadores que no tenían otra solución que el paro», ha agregado Pastrana en su blog, donde considera que «el hecho de que haya intrusos, intermediarios o aseguradoras que se hayan aprovechado para lucrarse ilegalmente no puede descalificar el trabajo de los sindicatos ni los resultados obtenidos en beneficio de Andalucía».
«No podemos permitir que nadie manche o emborrone el buen nombre de una organización con 125 años de historia cuyo trabajo ha sido y es la defensa de los trabajadores», ha agregado Pastrana en su blog, donde ha reiterado que UGT-A «no ha recibido ni un céntimo que tenga que ver con los ERE, ni legal ni ilegalmente, ni directa ni indirectamente».
Ha indicado que el papel de UGT-A en relación a los procesos de regulación de empleo «ha sido siempre el que nos corresponde como sindicato, esto es, exigir soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible, la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor sistema de prejubilación posible».
«Nuestro papel no ha ido nunca más allá de la firma de protocolos con las empresas, si existía, y las administraciones afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones a empresas en crisis, por lo que nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE, porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno, esa responsabilidad corresponde a las federaciones estatales, que poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con autonomía», ha agregado.
Reitera que UGT-A «no ha mantenido con las aseguradoras, intermediarios, cargos públicos, conseguidores, todos ellos presuntos predadores de dinero público, ningún tipo de relación en torno al investigado asunto de los ERE, ni hemos mantenido ningún tipo de relación económica».
«Somos los primeros interesados en que todo este asunto se resuelva», ha agregado Pastrana, quien precisa que UGT-A se ha personado como acusación popular en cuanto surgieron las investigaciones «y hemos ido por delante del juzgado en nuestras actuaciones internas cuando hemos detectado que alguien de UGT había participado de forma irregular en el asunto de los ERES».
Así, ha recordado que «hace ya más de un año expulsamos del sindicato a afiliados que habían participado de forma particular en este asunto, entre ellos a una trabajadora con 20 años de trabajo en UGT Jaén y que cobraba una prejubilación ilegal en nombre de su marido».
«Vamos a seguir en cada caso que detectemos, interno o externo, con la misma forma de actuar; esto es, si son internos, expulsándolos; si son externos, poniéndolo a disposición de la justicia», ha aseverado Pastrana, quien niega trama sindical ni que sean «ni conseguidores ni intermediarios ni formamos parte de un grupo cuyo objetivo era lucrarse».
PROCESO DE LOS ERE
Considera una «aberración» decir que UGT promueve o capta expedientes de regulación de empleo, tras lo que ha explicado el proceso de presentación y aprobación de un ERE, donde «es el empresario el que tiene la capacidad de promover un expediente y lo hace cuando la empresa está en crisis y necesita mantener su viabilidad recortando presupuesto y, lamentablemente, personal».
Ha explicado todo el proceso, donde «intervienen las federaciones con el objetivo de buscar salidas no traumáticas, evitar despidos, negociar indemnizaciones y para los mayores que no puedan volver al mercado de trabajo, un aseguramiento para que puedan mantener sus cotizaciones y acceder al sistema público de pensiones».
Ha recordado que «se hace un informe exhaustivo para verificar si las causas del ERE son reales y se negocian todas las posibilidades con la empresa y se hacen multitud de reuniones, asambleas y todas las movilizaciones necesarias».
Asimismo, ha apuntado que para el caso de las prejubilaciones, «se estudian todos los expedientes de la vida laboral de los trabajadores que podrían estar afectados y se analiza la edad y circunstancias de cada uno de los empleados, estudios personalizados, y todos y cada uno de estos informes los realizan economistas y abogados cualificados, con unos trabajos legítimos y legales que generan unos costes que se pagan con las cuotas en el caso de los afiliados».
Además, ha precisado que «una vez establecidas las condiciones del ERE, negociadas las condiciones y aceptadas por empresa y trabajadores, es la empresa o, en algunos casos la Administración Pública, las que buscan a las aseguradoras, ahí los sindicatos no intervenimos para nada en la designación de las aseguradoras».
En ese sentido, precisa que el papel sindical con las aseguradoras es «velar por que los trabajadores cobren mes a mes y hasta su jubilación el dinero de su póliza», de manera que «el sindicato actúa de garante durante todo el periodo hasta que el último de los prejubilados llegue a la jubilación definitiva, en algunos casos hasta 15 años».
«Demonizar los procesos de regulación de empleo es denostar una herramienta que ha permitido que 25.000 andaluces puedan tener una vida digna, 6.000 de ellos mientras llegan a la jubilación; una herramienta que se ha demostrado eficaz para evitar una mayor sangría como consecuencia de la crisis», ha aseverado Pastrana, quien insiste en que los sindicatos «somos los primeros interesados en que el caso de los ERE irregulares llegue hasta el final».
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