Las circunstancias y elementos que pacte un abogado con el bufete que le contrate debe prevalecer sobre un hipotético convenio colectivo de la profesión. Esta es una de las principales ideas que la abogacía quiere que el Ministerio de Trabajo modifique en el borrador de Real Decreto que desarrolla la relación laboral especial de la profesión. En el primer borrador que redactó el equipo de Trabajo y que fue remitido a la Comisión del Consejo General de la Abogacía (CGAE), en el artículo tres que habla de las ‘Fuentes de la relación laboral’, se sitúa el convenio colectivo por encima de “la voluntad de las partes, expresada en el contrato de trabajo, que habrá de respetar lo dispuesto en las disposiciones y convenios colectivos antes citados, salvo en los casos en que en tales disposiciones o convenios colectivos se disponga lo contrario”. Según los representantes de la abogacía, la libertad de pacto debe estar por encima de un hipotético convenio colectivo. Además, la profesión se pregunta la fórmula que se utilizaría para elaborar un posible convenio. “No existe una patronal con la que negociar un convenio colectivo y el CGAE no puede realizar esa función porque no le corresponde. Entonces, ¿quién debería hacerlo?”, explican las fuentes consultadas. Otra de las principales enmiendas que la abogacía ha presentado al texto de Trabajo es la idea de que el borrador laboraliza algunas relaciones que, según algunos expertos, no deberían verse afectadas. Se trata, fundamentalmente, de los ‘socios de no cuota’ y de los abogados de varios años de experiencia que, con la propuesta de Trabajo, se ven obligados a pertenecer al despacho como asalariados. A la espera de una respuesta del Gobierno El inicio del curso académico hace que se retomen las negociaciones entre los abogados y el Ministerio. Fuentes cercanas a la negociación han explicado a El Confidencial que la pelota se encuentra ahora en el tejado de Trabajo. El CGAE está esperando a que los representantes del Gobierno manden una contestación sobre las enmiendas realizadas a principios del mes de agosto.
Después deberán ser escuchados otros sectores como los sindicatos. Y parece que la negociación va a ser rápida y no precisamente porque las cosas estén claras. Pero el Gobierno quiere cumplir el mandato legal y que el texto esté terminado en noviembre. Por eso se exige rapidez a los implicados para que hagan sus propuestas.
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